El escándalo desatado por los ofensivos mensajes emitidos en pantallas led de Ciudad del Este puso en pie de guerra a los precandidatos locales, quienes salieron a exigir posturas firmes al Poder Ejecutivo ante lo que consideran una burla directa al pueblo paraguayo.
El precandidato a la intendencia de Ciudad del Este, Gustavo Ovelar, afirmó con dureza, en el programa «En El Horno» de Ñanduti, que lo sucedido con la cartelería desnudó por completo la vulnerabilidad del sistema del gobierno actual.
Ovelar mencionó que, si bien se festeja que muchas empresas brasileñas se instalen en el país por los impuestos amigables y la flexibilidad que genera mano de obra, no se puede tolerar la falta de respeto ocurrida en la capital de Alto Paraná. «Esto compete mucho más al Gobierno paraguayo de tomar una medida y pedir explicación al Brasil», señaló, argumentando que la solución debe ser de alcance nacional y diplomático.
Por su parte, el precandidato Richard Alfonso fue más drástico y calificó la situación como un «atropello a nuestra soberanía». Alfonso apuntó contra la alarmante falta de control del MOPC en la zona primaria y fue tajante con su postura: «Quiero solicitar la expulsión del país, si se puede identificar a quienes lo hicieron».
Alfonso advirtió que el tema ya roza lo diplomático y que ocurre a solo días de que se dispute el Mundial. Asimismo, disparó contra la Dirección de Migraciones, acusando que «por unos pequeños pesitos» otorgan residencias a cualquiera, incluso a personas ligadas a la delincuencia. Finalmente, cuestionó al actual intendente, Daniel Pereira Mujica, por estar en São Paulo, exigió la intervención del Ministerio de Trabajo y denunció que hay unos 12.000 brasileños trabajando en la zona, quitando el empleo a los esteños.
Reacción institucional
Ante la presión política y la furia de los ciudadanos —quienes llegaron a derribar tótems a golpes y patadas—, la Municipalidad de CDE inició de manera inmediata un sumario administrativo contra las empresas responsables de la cartelería, identificadas como Fast Print y Publimix, descartando la versión de un «hackeo informático» alegada por la Cámara de Publicidad local.
Asimismo, el titular del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, calificó el hecho como una afrenta a la dignidad de la República, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recordó que estos carteles están prohibidos en franjas de dominio, admitiendo que el director jurídico, José Arévalo, lidia constantemente con trabas de medidas cautelares dictadas por jueces como Agustín Laguardia.
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