Entre las observaciones, la Contraloría General de la República (CGR) señala que “no se evidencia documentación específica que acredite la elevación al MITIC de los aspectos de ciberseguridad correspondientes a la licenciataria NUBICOM PARAGUAY S.A.”.
“La falta de aclaración técnica suficiente limita la posibilidad de verificar la incidencia real de dichos valores en la cobertura, capacidad, calidad y efectiva prestación del servicio, así como la correspondencia entre la solución tecnológica aprobada, la configuración efectivamente instalada y los parámetros exigidos por el PBC”, advierte la fiscalización.
El documento también hace referencia a los plazos establecidos para la instalación y puesta en marcha comercial de los servicios proyectados. Mientras Claro lanzó oficialmente su servicio el 18 de diciembre y anunció inversiones por US$ 35 millones, Nubicom aún no presentó avances visibles ni anuncios relacionados con el despliegue de su red 5G.
En caso de comprobarse el incumplimiento del licenciatario en instalar y comenzar con la efectiva prestación de los servicios dentro de los plazos establecidos de 180 días para operar activamente, constituirá causal de sanción e incluso habla de “cancelación de las licencias otorgadas, previo sumario administrativo”.
Hasta el momento se desconoce si Conatel ya presentó alguna respuesta a los requerimientos formulados por la Contraloría.
Otros puntos
A estas observaciones se suman otros aspectos relevantes. Uno de ellos es que el proceso dejó una recaudación mínima para el Estado paraguayo, de apenas US$ 4 millones por la licencia 5G, mientras que una frecuencia de menor capacidad, como la 4G, había generado ingresos por US$ 180 millones.
Respecto a Nubicom hasta ahora incluso no hay certeza que cuente con 100.000 abonados, ni que tiene una facturación de US$ 10 millones en los últimos tres años, como exige el llamado para ser oferente.
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