En lo que representa un histórico «frente unificado en defensa de la soberanía energética», los principales estamentos técnicos y sindicales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitieron un fuerte pronunciamiento conjunto y comunicaron que accionarán judicialmente contra las recientes disposiciones del Poder Ejecutivo que buscan flexibilizar el marco tarifario.
La estrategia jurídica estará bajo la dirección del especialista en derecho constitucional, Jorge Rolón Luna, quien fue contratado de manera conjunta para estructurar y presentar formalmente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un subsidio direccionado a 15 años
Los gremios denunciaron públicamente que la firma de contratos basados en estos decretos presidenciales beneficiará de manera exclusiva a un determinado grupo empresarial. El esquema plantea un subsidio encubierto direccionado por un plazo de 15 años, cuyo costo operativo terminará siendo absorbido en su totalidad por el pueblo paraguayo a través de las facturas de la ANDE.
«Advertimos que estas medidas podrían implicar futuras modificaciones tarifarias, trasladando los costos de tales decisiones a los usuarios del servicio eléctrico», reza el comunicado emitido por los funcionarios. Asimismo, recordaron que el país se encuentra en una etapa crítica donde los recursos hidroenergéticos disponibles están llegando a su límite natural de aprovechamiento, haciendo que cualquier nueva fuente de generación sea drásticamente más costosa.
Rechazo a compensaciones «extraoficiales»
El bloque técnico rechazó categóricamente los planteamientos del Gobierno que sugieren compensar las pérdidas de la ANDE mediante el uso de fondos de Itaipú o transferencias directas del Tesoro Nacional. Los ingenieros sostienen que estas propuestas constituyen simplemente «una forma diferente de trasladar el costo del subsidio a toda la sociedad paraguaya», comprometiendo severamente la estabilidad financiera, operativa y técnica de la institución.
El histórico documento lleva la firma de los principales líderes del sector: Manuel Mettel de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), Adolfo Villalba del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), Mabel Martínez A. del Sindicato de Profesionales de la ANDE (SIPRA) y Aldo Conteros del Sindicato de Profesionales Graduados Universitarios de la ANDE (APROANDE).
Los trabajadores concluyeron afirmando que se mantendrán en estado de alerta y movilización permanente ante cualquier decisión política que pretenda debilitar el patrimonio de la estatal eléctrica en beneficio de sectores particulares.
Pedro Ferreira adviritó: «Cárcel para quienes firmen perjudicial contrato»
El anuncio de los gremios se alinea con las severas advertencias formuladas ayer por el ingeniero Pedro Ferreira. El experto y extitular de la institución criticó con dureza la intención del Gobierno de otorgar tarifas eléctricas reducidas e ilegales a industrias electrointensivas.
Ferreira recordó que la normativa paraguaya ya establece los mecanismos técnicos obligatorios para la fijación de tarifas y que saltarse dichos procesos constituye un delito de daño patrimonial. «No se regala la energía. Hoy en día es un bien escaso en el mundo», sentenció. El ingeniero advirtió que todos los contratos firmados bajo estas condiciones irregulares corren el riesgo de ser anulados por ilegales, y responsabilizó civil y penalmente a las autoridades que pongan su firma en los millonarios acuerdos.
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