Tras conocerse el fallo, González sostuvo que el resultado era previsible y cuestionó duramente la actuación de los ministros de la Corte. Según afirmó, la decisión responde a una lógica de alineamiento entre el poder político y el poder judicial.
«Era algo que corría inevitablemente dentro de los pasillos de la Corte», manifestó durante una entrevista radial, al referirse al rechazo de la acción presentada para revertir su salida del Senado.
La exlegisladora también criticó que el máximo tribunal haya resuelto el caso sin una sesión pública para exponer los argumentos de los ministros.
Señaló que la Corte había decidido otorgar al caso una relevancia institucional al ampliar el tratamiento al pleno, por lo que consideró que el debate debió desarrollarse de manera transparente.
González calificó la sentencia como una resolución de carácter político y aseguró que el fallo tendrá implicancias más allá de su situación personal.
En ese sentido, afirmó que la decisión envía un mensaje sobre el alcance de las mayorías parlamentarias para aplicar sanciones sin necesidad de fundamentaciones suficientes.
Asimismo, reiteró que durante el proceso de pérdida de investidura no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Sostuvo que no tuvo oportunidad de ejercer plenamente su defensa ni de presentar pruebas antes de que se concretara su destitución.
La exsenadora también cuestionó los argumentos utilizados para validar el procedimiento aplicado por la Cámara Alta y defendió la vigencia de disposiciones reglamentarias que, según su interpretación, fueron ignoradas durante el proceso.
Con la resolución de la Corte Suprema, queda agotada la vía judicial interna respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por González, consolidando la decisión adoptada por el Senado en febrero de 2024.
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