Según afirmó, las tarifas preferenciales contempladas en los decretos constituyen subsidios que no cuentan con respaldo legal específico. En ese sentido, argumentó que la ANDE no puede otorgar subvenciones tarifarias si estas no están expresamente previstas en una ley.
“Estos decretos son ilegales”, manifestó el exgerente técnico, quien calificó la situación como grave y sostuvo que las medidas resultan difíciles de justificar desde una perspectiva técnica.
Durante sus declaraciones, Cáceres también cuestionó los argumentos utilizados para defender la iniciativa. Explicó que el cálculo del costo real de la energía eléctrica no puede limitarse únicamente a los costos operativos actuales, sino que debe incorporar las inversiones futuras necesarias para sostener y ampliar el sistema eléctrico nacional.
El exfuncionario recordó que la ANDE enfrenta importantes desafíos financieros y de infraestructura para los próximos años. Citó como referencia el Plan Maestro de la institución para el período 2024-2033, que contempla inversiones cercanas a USD 9.600 millones.
De acuerdo con los datos mencionados por Cáceres, alrededor de USD 3.200 millones corresponden a proyectos de generación, USD 3.300 millones a transmisión, USD 1.100 millones a distribución y otros USD 400 millones a inversiones destinadas a reducir pérdidas técnicas y comerciales.
A criterio del especialista, la estructura tarifaria vigente ya se encuentra por debajo de las necesidades reales de financiamiento de la empresa. Por ello, consideró que otorgar beneficios adicionales a grandes inversores podría agravar la situación económica de la institución.
En ese contexto, utilizó una comparación para describir el escenario que enfrenta la ANDE. “Tenemos una empresa como la ANDE que está en terapia intensiva y se le quiere extraer sangre”, afirmó.
Cáceres también advirtió sobre el impacto que podría tener la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación eléctrica en el futuro. Según explicó, ese proceso demandará inversiones significativas que podrían traducirse en mayores costos para el sistema eléctrico nacional.
Asimismo, sostuvo que las tarifas especiales para empresas extranjeras podrían terminar trasladando costos a la ciudadanía si afectan la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.
El exgerente recordó además que la tarifa de la ANDE tiene carácter nacional y universal, por lo que, a su entender, todos los usuarios deberían estar sujetos a las mismas reglas tarifarias.
Por otra parte, lanzó una advertencia respecto a las eventuales responsabilidades derivadas de la aplicación de estos decretos. Señaló que quienes suscriban contratos que ocasionen un perjuicio patrimonial a la ANDE podrían enfrentar consecuencias legales.
Según manifestó, cualquier decisión que genere pérdidas económicas para la institución podría dar lugar a investigaciones sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la elaboración, aprobación o firma de los documentos correspondientes.
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