Durante una entrevista en Ñanduti, Morínigo describió la complejidad de la entidad al afirmar que el IPS es “como tener el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y una inmobiliaria juntos”, en referencia a la administración simultánea del fondo jubilatorio, el sistema de salud y un importante patrimonio inmobiliario.
El abogado explicó que lleva apenas unos días en funciones y que inició un proceso de revisión permanente de la Dirección Jurídica. Según indicó, el objetivo es evaluar procedimientos, expedientes, recursos humanos y estrategias legales para fortalecer el área.
Actualmente, la dependencia cuenta con aproximadamente 38 abogados permanentes y 18 abogados externos. Morínigo señaló que una de sus metas es convertir la Dirección Jurídica en una especie de “mini estudio jurídico clase A”, mediante una reorganización interna y una mayor capacitación de los profesionales.
Más de 1.500 juicios activos y acciones contra patronales morosas
Uno de los anuncios más relevantes realizados por el director jurídico fue que el IPS mantiene alrededor de 1.500 juicios activos y prevé que la cifra aumente debido a futuras acciones judiciales contra empresas que adeudan aportes patronales.
Morínigo advirtió que la institución ya no puede seguir esperando la regularización voluntaria de las deudas y aseguró que se impulsarán los mecanismos legales correspondientes para recuperar esos recursos.
En ese contexto, informó que la morosidad patronal ronda entre el 30% y el 35% de la cartera vinculada a aportes. Además, alertó sobre otro problema que afecta a la previsional: empresas que registran menos trabajadores de los que realmente emplean para reducir sus obligaciones ante el IPS.
Venta de inmuebles ociosos, una posibilidad en análisis
Otro de los temas abordados fue la situación de los inmuebles pertenecientes al IPS. Morínigo reconoció que algunas propiedades generan rentabilidad, mientras que otras representan costos o dificultades para la institución.
En ese sentido, recordó que la legislación vigente permite la venta de inmuebles ociosos mediante subasta pública y confirmó que esa alternativa está siendo analizada.
No obstante, aclaró que cualquier operación deberá priorizar la seguridad de los fondos jubilatorios por encima de la rentabilidad económica, conforme a los criterios establecidos en la normativa que regula las inversiones de los fondos previsionales.
Revisión de denuncias y contratos
Respecto a las denuncias sobre posibles irregularidades dentro del IPS, señaló que los antecedentes están siendo evaluados y que, de comprobarse responsabilidades, podrían derivar en sumarios administrativos, acciones civiles o denuncias penales.
Consultado sobre la gestión de su antecesor, José González, evitó emitir valoraciones, aunque confirmó que la institución entregó al Ministerio Público toda la documentación requerida en las investigaciones en curso.
Asimismo, aseguró que todas las licitaciones y contratos de la previsional están siendo revisados “con lupa”. Entre ellos mencionó el proceso relacionado con el mantenimiento de ascensores del Hospital Central, aunque aclaró que no existe un tratamiento diferenciado para ese caso y que la revisión alcanza a todos los procedimientos administrativos.
Finalmente, el director jurídico sostuvo que la administración encabezada por Isaias Fretes representa una oportunidad para fortalecer la institución y recuperar la confianza ciudadana.
Aseguró que el proceso estará guiado por tres principios: honestidad, compromiso y excelencia, con el objetivo de dejar una estructura más sólida, profesional y transparente.
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