En el documento titulado “Justicia arrodillada al patrón”, los legisladores opositores sostienen que la decisión judicial valida un procedimiento “exprés” del Senado que, según su criterio, violó el debido proceso, ignoró el reglamento interno de la Cámara Alta y permitió que una mayoría simple se arrogara atribuciones que no le correspondían.
Los firmantes afirman que el fallo no constituye una resolución ajustada a derecho, sino un “recurso’i” emitido tras más de dos años de demora, y cuestionan el momento elegido para su difusión, a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol, interpretándolo como un intento de minimizar su impacto político.
Además, expresan que la resolución “echa por tierra las esperanzas de contar con instituciones republicanas libres e independientes” y degradaría la democracia paraguaya. Anuncian que la exsenadora González deberá buscar justicia en instancias internacionales y advierten que el Estado podría enfrentar en el futuro el pago de multimillonarias indemnizaciones.
El comunicado lleva las firmas de senadores como Ignacio Iramain, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Eduardo Nakayama, José Oviedo, Ever Villalba, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Sergio Rojas, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Salyn Buzarquis, Walter Kobyłanski, Lucía Mendoza y José Pakova Ledesma, además de las diputadas Johanna Ortega y los diputados Raúl Benítez y Billy Vaesken.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, fundamentó su decisión mayoritaria en que la resolución del Senado que destituyó a González en febrero de 2024 se ajustaba a las normas vigentes en ese momento, declarando improcedente la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora.
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