Tras fuerte presión social, el Gobierno deja sin efecto los decretos que permitían la entrega de energía

La decisión del Poder Ejecutivo se da tras una semana de máxima tensión, en la cual Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), presentó su renuncia al negarse a avanzar con la firma de los contratos amparados en dichos decretos.

Desde los medios y plataformas del Grupo Ñanduti se hizo un seguimiento y se expusieron todos los puntos y las aristas por los cuáles los decretos cuestionados no beneficiarían al Paraguay, así como las consecuencias que podrían darse con el correr de los años.
En una sorpresiva conferencia de prensa convocada por la Presidencia de la República, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, acompañado del presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, confirmó que los decretos 5.306 y 5.307 quedan sin efecto.
Durante el anuncio oficial, el jefe de Gabinete de la Presidencia argumentó el cambio de postura señalando que la misión central del Gobierno y de la estatal es «dejar de exportar energía y que esa energía se use en Paraguay».
La marcha atrás del Gobierno frena un escenario de fuerte conflicto, luego de que ex autoridades y gremios de la ANDE calificaran de «ilegales» los beneficios tarifarios y advirtieran sobre un inminente «tarifazo» para los usuarios comunes.
El exgerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, había alertado que la empresa eléctrica nacional se encuentra en una situación crítica financiera, similar a estar «en terapia intensiva» y que los subsidios otorgados a inversores extranjeros por 15 años carecían de respaldo legal.
Por su parte, los principales sindicatos de la institución (UIA, SITRANDE, SIPRA y APROANDE) ya preparaban una acción de inconstitucionalidad bajo el patrocinio del abogado Jorge Rolón Luna, denunciando un direccionamiento de favores empresariales.
A esto se sumaron las duras declaraciones del extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, quien advirtió sobre eventuales sanciones penales a los funcionarios, afirmando que habría «cárcel para quienes firmen» contratos que generen un daño patrimonial con un bien estratégico como la energía.
Con la derogación de las normativas, el Ejecutivo busca desactivar la crisis institucional y judicial que amenazaba con debilitar el patrimonio de la estatal eléctrica en beneficio de sectores particulares.