Ríos señaló que las afinidades políticas e ideológicas de los magistrados son una realidad presente en los sistemas judiciales de distintos países. En ese contexto, mencionó a los ministros César Diesel, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, César Garay, Carolina Llanes y Eugenio Jiménez Rolón como integrantes de la Corte identificados con posiciones más próximas al oficialismo.
“No estoy acusando a nadie de nada”, enfatizó el magistrado, al explicar que este tipo de alineamientos también son visibles en cortes de países como Estados Unidos, Brasil y Argentina. Asimismo, indicó que tanto él como el ministro Manuel Ramírez Candia suelen ser ubicados en sectores más cercanos a la oposición.
Según Ríos, la composición de los tribunales superiores suele reflejar los procesos políticos de cada época.
En ese sentido, argumentó que el prolongado predominio político del oficialismo en Paraguay también termina teniendo incidencia en la integración de la Corte Suprema de Justicia.
También se refirió al fallo sobre la acción promovida por la exsenadora Kattya González y defendió el voto en minoría que emitió junto a otros dos ministros de la Corte.
Sostuvo que durante el proceso que derivó en la pérdida de investidura no se respetaron garantías fundamentales del debido proceso, particularmente el derecho a una defensa adecuada antes de la aplicación de una sanción de tal magnitud.
El ministro argumentó que una persona no puede ser despojada de un cargo obtenido mediante el voto popular sin haber sido notificada formalmente ni contar con un plazo razonable para preparar su defensa.
Asimismo, cuestionó la interpretación que permitió concretar la expulsión con mayoría simple y señaló que, a su criterio, cuanto más grave es la sanción impuesta, mayor debería ser el nivel de consenso requerido para su aprobación.
No obstante, aclaró que los votos de la mayoría de la Corte contaban con fundamentos jurídicos sólidos, aunque discrepó con la interpretación adoptada en el caso.
Por otro lado, Ríos afirmó que el Poder Judicial necesita fortalecer su independencia interna, establecer criterios más transparentes para la permanencia de jueces y magistrados y acercar la Justicia a la ciudadanía mediante una mayor apertura institucional y el uso de un lenguaje más accesible.
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