El director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, recordó que Ramón González Daher y su hijo habían sido trasladados previamente desde una penitenciaría de Coronel Oviedo a la UPIE luego de que se encontraran tres teléfonos celulares en su poder.
Según explicó, la reiteración de este tipo de hechos llevó a las autoridades a evaluar medidas más estrictas. “Estamos analizando la posibilidad de un nuevo traslado a una unidad penitenciaria de mayor nivel de seguridad”, manifestó Peña.
El funcionario indicó que el Ministerio de Justicia también inició un sumario administrativo para determinar cómo los dispositivos llegaron hasta las celdas donde se encontraban los internos.
En ese contexto, señaló que ya fueron identificados los agentes penitenciarios responsables de la custodia de los pabellones involucrados y que deberán responder dentro de la investigación interna.
Peña sostuvo además que el hallazgo vuelve a poner en evidencia las limitaciones que enfrenta el sistema penitenciario para combatir el uso ilegal de teléfonos móviles en los centros de reclusión.
Durante sus declaraciones, afirmó que una parte importante de los delitos informáticos investigados en el país tiene origen en establecimientos penitenciarios y reiteró la necesidad de incorporar tecnología que permita bloquear o detectar señales de comunicación. “Precisamos inhibidores de señales para hacer frente a esto”, expresó.
El director agregó que desde hace aproximadamente dos años las autoridades penitenciarias vienen insistiendo en la necesidad de adquirir inhibidores de señal y equipos especializados para localizar teléfonos celulares dentro de los penales.
Según indicó, las limitaciones en recursos humanos y tecnológicos dificultan el control permanente de este tipo de situaciones.
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