La medida fue adoptada luego de una intervención del defensor público Juan Emilio Arce Amarilla, quien solicitó la revisión del expediente tras la denuncia de Carlos Derlis López Cabrera.
El trabajador había reportado descuentos en su salario a raíz de un embargo dispuesto en un proceso de cobro de guaraníes promovido por una empresa privada.
Durante las diligencias, la Defensa Pública requirió la localización del expediente principal conforme a lo establecido en la Ley N.º 7614/25.
Sin embargo, una vez vencido el plazo legal, no fue posible ubicar la causa, por lo que se inició un proceso de reconstrucción de actuaciones. Posteriormente, un informe de la Sección de Estadísticas de los Tribunales concluyó que el expediente no figuraba registrado en el sistema judicial.
Ante estas irregularidades, la Defensa Pública promovió un incidente de nulidad. Mediante el Auto Interlocutorio N.º 480, el juez de Paz de Mariano Roque Alonso, Fidelino Cáceres, declaró la nulidad del juicio, ordenó retrotraer las actuaciones al estado previo a la demanda y dispuso la devolución de G. 21.680.000 al afectado.
Desde la institución señalaron que estas acciones buscan proteger a las personas perjudicadas por procesos que presentan inconsistencias documentales o procesales.
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