“Mirando el movimiento de los circuitos fílmicos que estamos teniendo y la experiencia que tenemos con casos del pasado, podrían ser miembros del PCC, por lo menos una parte, no todos”, aseveró el comisario López, al resaltar que el patrón del violento ataque coincide plenamente con golpes anteriores de la organización de origen brasileño.
El jefe de Crimen Organizado sostuvo que las cárceles siguen operando como las principales bases logísticas de las grandes bandas criminales. “La experiencia nos dice que los mayores golpes siempre han salido de las penitenciarias. Hay gente que ejecuta los mandatos afuera y gente que dirige desde la penitenciaría u otro lugar”, añadió.
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Respecto al millonario financiamiento que requiere mover una estructura de esta envergadura, López explicó que el dinero no sale de la nada, sino que proviene de una cadena delictiva previa. “En cuanto al financiamiento, hubo hechos anteriores donde juntan para la logística. La logística lo hacen a través de la comisión de otros hechos punibles”, detalló.
Un factor geográfico clave facilitó la rápida fuga de los delincuentes. El jefe policial destacó que Santa Rita posee una infraestructura vial que jugó a favor de la banda: “Es una de las ciudades que tiene mayor salida hacia diferentes lugares. La mayoría son asfaltadas; además hay caminos vecinales. En los caminos principales dentro de la ciudad hay cámaras de circuito cerrado, pero a la salida, ya no”.
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La investigación también avanza sobre la posible complicidad interna dentro de las fuerzas de seguridad. “Tenemos las sospechas que eventualmente podrían estar involucrados exagentes policiales. Tenemos identificados a esas personas. Pero la sospecha es una cosa, y la prueba es diferente”, manifestó con cautela.
Por otra parte, se confirmó la detención de dos personas tras dos allanamientos en Emboscada vinculados directamente al aprovisionamiento de los explosivos utilizados en el atraco. Los detenidos fueron identificados como José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), este último desempeñándose presuntamente como agente penitenciario en el Complejo de Emboscada. “La información es que sí es agente penitenciario, pero vamos a confirmar”, apuntó López.
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El punto más grave de la investigación fiscal-policial radica en cómo se desviaron los materiales de alta peligrosidad. Los sospechosos habrían registrado falsamente en el sistema integrado que los detonantes ya habían sido “utilizados” y dados de baja, cuando en realidad terminaron en manos de la banda criminal. “Las sospechas aumentan aún más. Con intención han vendido a las organizaciones criminales”, concluyó el comisario.
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