Explicó que el último contrato fue firmado hace una década y que desde entonces la institución continúa ocupando el edificio bajo la figura jurídica que presume la continuidad de las condiciones existentes cuando no se formaliza una renovación. Señaló que las negociaciones no prosperaron debido a diferencias sobre las cláusulas planteadas por el IPS, entre ellas la inclusión del pago de impuestos inmobiliarios y otros conceptos que, según sostuvo, no corresponden a un contrato de alquiler.
Rolón indicó que actualmente la deuda acumulada equivale a unos tres años de alquiler y supera los G. 10.000 millones. Agregó que al asumir el cargo se realizaron pagos para reducir atrasos heredados de administraciones anteriores, aunque afirmó que las observaciones realizadas por la Fiscalía nunca fueron corregidas, lo que impidió avanzar en la firma de un nuevo acuerdo.
El fiscal general señaló que recientemente mantuvo una reunión con el presidente del IPS, Isaías Fretes, a quien calificó como receptivo para encontrar una solución definitiva. Según comentó, la Fiscalía ya remitió una propuesta de contrato y dispone actualmente de los recursos para cancelar la deuda una vez que el Consejo correspondiente apruebe la operación. También manifestó que ambas instituciones deberán definir quién asumirá el costo de las reparaciones integrales que requiere el edificio.
Durante sus declaraciones, Rolón sostuvo que el sistema de alquileres representa una de las principales dificultades para el Ministerio Público y afirmó que cerca del 90 % de los inmuebles utilizados por la institución son arrendados y, en muchos casos, no reúnen las condiciones adecuadas para el funcionamiento de las sedes fiscales.
En otro momento de la conferencia, el fiscal general se refirió al estado de la infraestructura vial y afirmó que los baches constituyen una preocupación nacional. Señaló que pueden representar riesgos para la seguridad de las personas y comparó esa situación con las barreras instaladas en rutas, las cuales calificó como obstáculos innecesarios. Recordó además que al inicio de su administración la Fiscalía remitió una nota al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para advertir sobre ese tipo de riesgos e impulsar acciones preventivas.
Rolón también abordó la situación operativa del Ministerio Público y advirtió sobre el déficit de recursos humanos. Indicó que la institución dispone de alrededor de 350 fiscales para cubrir los 406.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional y sostuvo que esa cantidad representa aproximadamente la mitad de la dotación que considera necesaria para responder a la demanda.
Como ejemplo de la carga de trabajo, señaló que durante el año pasado ingresaron unas 215.000 denuncias nuevas y que entre enero y mayo de este año ya fueron recibidas más de 100.000 causas. Según expresó, este escenario obliga al Ministerio Público a buscar mecanismos de mayor eficiencia para atender el creciente volumen de investigaciones con los recursos disponibles.
MEC contradice al fiscal general y asegura que ya presentó denuncias por presuntos títulos falsos
Por último, Fernández aseguró que el Ministerio Público no había recibido una denuncia oficial alrededor del esquema de supuestos títulos falsos. «No tenemos ninguna denuncia ampliatoria ni nueva», declaró a Ñanduti.
No obstante, la cartera educativa negó esta situación y compartió un informe en el que sostiene que, desde agosto de 2023, ya presentó denuncias que involucran a 293 personas por presunta producción de documentos públicos de contenido falso relacionados con títulos académicos.
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