El juez Humberto Otazú resolvió levantar la aplicación de la tobillera electrónica a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y a otros cuatro procesados, aunque mantuvo la medida de arresto domiciliario dispuesta en el proceso.
El juez Humberto Otazú resolvió levantar la aplicación de la tobillera electrónica con relación a cinco procesados en la causa que investiga una supuesta administración en provecho propio, entre ellos la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.
La resolución también beneficia a Ruth Mercedes Medina Yegros, Andrés Alfredo Arrúa Britez, Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, todos procesados en la misma causa.
Según el documento, la medida se dispuso de conformidad con el artículo 248 del Código Procesal Penal, previa cancelación del canon correspondiente al uso del dispositivo.
Pese al levantamiento de la tobillera, el magistrado mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario dispuesta mediante el Auto Interlocutorio N° 184, de fecha 1 de julio de 2026, para los cinco procesados.
La resolución ordena además oficiar y notificar a las partes correspondientes, así como anotar, registrar y elevar copia del fallo a la Corte Suprema de Justicia.
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