El asesor del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, propuso regular el recurso de amparo judicial utilizado para la compra de medicamentos oncológicos de alto costo. Remarcó que el amparo es un derecho constitucional que no puede prohibirse ni evitarse, pero consideró necesario ordenar su aplicación en estos casos. «Lo que nosotros pedimos es por lo menos que se regule», afirmó.
El asesor planteó un paquete de entre seis y siete artículos clave para ordenar este proceso. Propuso la creación de un comité técnico que emane del Ministerio de Salud Pública, con adhesión del IPS, encargado de evaluar cada pedido de amparo para la compra de medicamentos monoclonales u oncológicos de alto costo antes de que llegue a instancia judicial.
Según explicó, ese comité debería estar integrado por una junta médica que justifique científicamente la necesidad del tratamiento solicitado, y evaluar además si un medicamento biosimilar podría cumplir la misma función terapéutica.
Pereira planteó además que, cuando la junta médica determine que la adquisición es necesaria, se debería adjuntar de forma obligatoria un certificado de disponibilidad presupuestaria, de manera que el juez que dicte la orden cuente con información técnica sobre el impacto de esa medida en el funcionamiento de la institución. «Si existe presupuesto, entonces podrá generarse la orden. Pero si no, va a faltar otro medicamento porque se tiene que cumplir una orden judicial», explicó.
El asesor graficó el peso de estos medicamentos en las finanzas de la institución. «El 80% del presupuesto prácticamente lo llevan los medicamentos oncológicos. De manera que 20% queda para el resto. Dentro de ese 80% están contempladas las compras que se hacen por amparo judicial», detalló.
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