Durante una entrevista con Ñanduti, Altamirano reconoció que la incorporación del expediente electrónico representó un avance para el sistema judicial, pero sostuvo que el principal problema sigue siendo la lentitud con que se resuelven los expedientes.
El exministro afirmó que la mora judicial tiene un alto costo económico e institucional.
Señaló que, durante los estudios realizados junto con la Fundación Heritage sobre el índice de libertad económica, uno de los factores que más incidía en la calificación de Paraguay era precisamente la inseguridad jurídica derivada de la demora de los procesos.
Como respuesta a esta problemática, planteó que los operadores de Justicia deban responder por los incumplimientos de los plazos procesales. «Quiero que la mora judicial sea causal de rescisión de los contratos para los jueces, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia», expresó.
Según explicó, la sanción debería aplicarse cuando exista una demora injustificada, ya que considera inadmisible que magistrados y demás operadores del sistema administren los tiempos a su criterio.
«No pueden ser señores de los tiempos. Está establecido un procedimiento y el procedimiento tiene plazos. Si los plazos están para incumplirse, tiene que haber una penalidad», sostuvo.
Altamirano agregó que la medida también debería alcanzar a fiscales, secretarios judiciales y abogados cuando corresponda, aunque admitió que una iniciativa de este tipo encontraría resistencia dentro del propio sistema judicial. No obstante, afirmó que la mayoría de los abogados respaldaría una reforma de ese tipo.
«Haraganería»
El exministro también rechazó el argumento de la sobrecarga de expedientes como explicación de la mora. Recordó que durante su paso por la Corte resolvió numerosos casos de jubilaciones de viudas mediante resoluciones conjuntas, lo que permitió reducir rápidamente el atraso.
«Hoy tienen diez o quince relatores. Si no dan abasto, sáquenlos, porque serían unos inútiles», manifestó al cuestionar la gestión de algunas dependencias judiciales.
Como ejemplo del impacto de la lentitud judicial, Altamirano citó el proceso que culminó con la restitución de la senadora Kattya González. A su criterio, una controversia de esa naturaleza no debió prolongarse durante más de dos años.
«¿Era necesario que transcurrieran dos años y seis meses para decir lo que se dijo? Si esa iba a ser la resolución, se pudo haber dictado en quince días», afirmó.
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