Antonio Carrillo, Fulgencio Carrillo, Bruno López y Derlis López figuran entre los señalados por presuntamente utilizar a comunidades indígenas de Ybyrarobaná, Corpus Christi y Katueté para recaudar dinero mediante un esquema de extorsión, sin una aparente reacción de los organismos de control. Según las denuncias, el sistema estaría liderado por alias «Macho».
El departamento de Canindeyú es considerado actualmente una de las zonas más conflictivas del país por la actividad del crimen organizado, desplazando incluso a departamentos históricamente afectados como Concepción, San Pedro y Amambay. A las grandes plantaciones de marihuana que son desmanteladas periódicamente se suma ahora un creciente sistema de «aprietes» contra productores.
Las zonas más afectadas se encuentran entre Ybyrarobaná, Corpus Christi y Katueté, donde, según las denuncias, los productores deben pagar G. 1 millón por hectárea para poder cultivar en tierras propias o arrendadas. Esta práctica se habría vuelto constante en las colonias agrícolas de estos distritos.
Lo llamativo, según relataron los productores consultados, es que los organismos de seguridad y control no logran llegar hasta quienes presuntamente encabezan el esquema de extorsión, lo que les permite seguir operando con total impunidad.
Felipe Santiago Acosta, alias Macho, sería quien lidera la estructura, mientras que entre sus colaboradores más cercanos figuran Antonio Carrillo, Dorival Carrillo, Fulgencio Carrillo, Bruno López y Derlis López. De acuerdo con las denuncias, tendrían como principales zonas de operación Cruce Anahí, Cerro Verde, Colonia Brítez Kué y Horqueta-mi, entre otros puntos que, según los denunciantes, son de conocimiento de las autoridades, aunque hasta ahora no existen resultados concretos.
Entre estas localidades existe una extensa frontera seca con Brasil, específicamente con el municipio de Sete Quedas, en el estado de Mato Grosso do Sul, donde, según los pobladores, la presencia policial y militar es prácticamente inexistente.
Canindeyú alberga numerosas comunidades indígenas que, de acuerdo con las denuncias, serían utilizadas por esta organización para sostener el esquema de recaudación ilegal, que solo a un grupo de productores le representaría ingresos cercanos a US$ 1.500.000 al año.
Los pobladores señalaron que la situación se agrava cuando los productores se niegan a pagar las sumas exigidas por la estructura. Aseguran que, en esos casos, se registran ataques como la quema de maquinarias agrícolas o disparos contra los operadores desde zonas boscosas.
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