Operación YIDA: Ministerio Público desarticula red internacional de ciberestafas que movió más de USD 3 millones en criptomonedas

Las agentes fiscales Ruth Karina Benítez y Diana Gómez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, lideraron una serie de allanamientos simultáneos, principalmente en el departamento de Misiones, incluyendo zonas como San Ignacio. Participaron departamentos especializados de la Policía Nacional en Delitos Financieros y Cibercrimen.

En el operativo fueron detenidas tres personas consideradas parte de la «cabeza» de la organización en Paraguay: Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel. Además, hay 25 órdenes de captura emitidas, entre ellas contra Néstor Manuel Galeano Martínez.

La fiscal Ruth Benítez señaló que lograron detener a los principales objetivos que operaban en Paraguay dentro de una red internacional. «Captaban víctimas, las extorsionaban, sacaban el dinero del sistema financiero, lo convertían en criptomonedas y lo enviaban a Asia», explicó.

La investigación reveló una estructura con ramificaciones internacionales, incluyendo posibles vínculos hacia Hong Kong. La red captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería, prometiendo elevados ingresos por «calificar productos» destinados al mercado chino.

Una vez enroladas, las personas debían transferir dinero a cuentas bancarias locales controladas por la organización. Los fondos se convertían en criptomonedas, principalmente USDT, y se enviaban a billeteras digitales administradas desde el exterior, lo que dificultaba el rastreo.

Cuando las víctimas intentaban retirar las supuestas ganancias, les bloqueaban el acceso y les exigían nuevos pagos por «impuestos», «comisiones» u otros conceptos, consolidando el fraude bajo un esquema tipo piramidal ligado a la plataforma «YIDA».

El análisis de movimientos cripto detectó operaciones superiores a USD 3 millones, equivalentes a más de G. 22.000 millones. Inicialmente se documentaron más de 60 víctimas directas con un perjuicio patrimonial de G. 605.468.213, aunque se estima que la red pudo haber afectado a más de 2.000 personas en todo el país.

Las autoridades invitan a más víctimas a presentar sus denuncias mientras la investigación continúa. No se descartan más diligencias ni la identificación de más integrantes de la organización.


Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *