Sin embargo, pese al importante movimiento de fuerzas, los resultados iniciales son todavía minúsculos y no incluyen la captura de los principales objetivos.
Las denuncias apuntan a una estructura que sometería a productores de distintas colonias mediante constantes “aprietes”. Los afectados deben desembolsar importantes sumas de dinero para poder cultivar en tierras propias o arrendadas. El pago rondaría G. 1 millón por cada hectárea cultivada.
De acuerdo con datos a los que accedió Ñandutí, la recaudación producto de estas extorsiones podría superar US$ 1,5 millones al año. El dinero sería entregado en efectivo a través de líderes de comunidades indígenas y, finalmente, tendría como destinatario a Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”, considerado uno de los criminales más buscados del país.
La organización atribuida a “Macho” tendría como principales actividades el narcotráfico, especialmente el cultivo y envío de marihuana, además del sicariato y la extorsión.
Además de Acosta, las denuncias señalan a Antonio Carrillo y Bruno López como piezas relevantes de la organización. Este último, según los datos obtenidos, tendría un papel central en la recaudación, aunque aparentemente no figura entre los principales objetivos de la Policía.
También aparecen mencionados Fulgencio Carrillo, señalado como cacique de una comunidad de la zona, además de Dorival Carrillo, Derlis López y Bernardo Villalba, entre otros.
Las acusaciones deberán ser corroboradas mediante la investigación fiscal y policial. La hipótesis apunta a que los integrantes de la estructura utilizarían a comunidades indígenas como una suerte de “escudo” para dificultar la acción de las autoridades.
En las últimas horas, unos 300 agentes de distintas dependencias policiales, acompañados por nueve fiscales que no cumplen funciones habituales en Canindeyú, iniciaron una serie de allanamientos en busca de armas, evidencias y plantaciones de marihuana presuntamente vinculadas con la estructura de “Macho”.
Una de las primeras intervenciones se realizó en el asentamiento 1° de Marzo, en Ybyrarobaná. Durante el procedimiento fueron encontrados municiones, un fusil, una escopeta y otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores.
La decisión de trasladar a agentes y fiscales de otras zonas responde a la necesidad de evitar, según la línea investigativa, posibles filtraciones y garantizar una intervención coordinada contra una estructura que mantiene bajo presión a productores y pobladores.
El operativo Renacer representa uno de los mayores despliegues recientes contra esta estructura criminal. No obstante, hasta el momento, el resultado más visible son las incautaciones de armas y otros elementos, mientras que los principales objetivos continúan sin ser detenidos.
La presión sobre los productores y las denuncias de extorsión mantienen en zozobra a varias comunidades de Canindeyú. La expectativa está puesta ahora en determinar si el despliegue de 300 agentes permitirá llegar a quienes manejan la estructura, identificar el circuito de recaudación y desarticular la red que, según las denuncias, opera desde hace tiempo en la zona.
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