La Primera Sala Especializada de la Justicia Federal brasileña resolvió por unanimidad rechazar el recurso presentado por la defensa y hacer lugar parcialmente a la apelación del Ministerio Público Federal.
De esta manera, modificó la pena que había sido fijada inicialmente en 24 años y 9 meses de prisión.
El tribunal reconoció como desfavorable la circunstancia judicial vinculada a la personalidad del condenado y estableció una pena de 28 años, un mes y 15 días de reclusión, en régimen cerrado. Los demás términos de la sentencia se mantuvieron, incluida la ejecución provisional de la condena.
El proceso se originó en Paraguay a partir del homicidio de Lidia Meza Burgos, ocurrido el 17 de noviembre de 2018 en dependencias de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde Pinheiro Veiga se encontraba privado de libertad.
Según los antecedentes de la investigación fiscal paraguaya, la víctima fue atacada con un arma blanca y sufrió 53 heridas.
La hipótesis investigativa sostenía que el crimen habría tenido como finalidad generar un nuevo proceso penal en Paraguay para obstaculizar o demorar la extradición de Pinheiro Veiga a Brasil.
Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la unidad penal encabezada por la fiscala María Irene Álvarez. Posteriormente, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales (UASI), bajo la coordinación del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, articuló la cooperación necesaria para que el proceso pudiera continuar ante las autoridades brasileñas.
La cooperación jurídica permitió trasladar la persecución penal a la jurisdicción federal de Río de Janeiro, preservando los elementos probatorios obtenidos durante la investigación en Paraguay. El caso finalmente llegó a juicio en Brasil y derivó en una condena que ahora fue elevada a más de 28 años de prisión.
Para el Ministerio Público, el caso demuestra la utilidad de los mecanismos de cooperación y transferencia de procesos penales cuando un hecho involucra a distintas jurisdicciones, particularmente para asegurar la continuidad de las investigaciones y evitar que las fronteras obstaculicen la persecución penal.
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