La imputación fue presentada por el fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Penal N.º 4 de Hernandarias. La obligación había sido establecida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y debía abonarse mensualmente y por adelantado en una cuenta judicial del Banco Nacional de Fomento (BNF).
De acuerdo con la investigación fiscal, el monto inicial fijado fue de G. 550.000 mensuales, sujeto a actualización conforme a los incrementos del salario mínimo vigente. Durante los 94 meses analizados, la liquidación estableció una obligación total de G. 59.177.554.
Sin embargo, el Ministerio Público señala que el procesado realizó solamente un depósito de G. 550.000 durante todo ese periodo. Al descontar ese pago, el saldo pendiente quedó establecido en G. 58.627.554.
Los beneficiarios son sus dos hijos menores, quienes se encuentran en etapa escolar y permanecen bajo el cuidado de su madre. La asistencia alimentaria fijada judicialmente debe cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta, salud y educación.
Entre los elementos considerados para la imputación figuran la denuncia presentada por la madre y la Sentencia Definitiva N.º 258, dictada el 24 de noviembre de 2020 por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Presidente Franco.
El hombre quedó imputado por el presunto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario, conforme a la investigación fiscal.
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