La condena a ocho años de prisión impuesta al exsenador colorado Hernán David Rivas por el caso de su título falso de abogado abrió una ronda de arrepentimientos y pedidos de disculpas entre dirigentes de la ANR que respaldaron su llegada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Uno de los primeros fue el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien había anticipado que haría un “mea culpa” si Rivas era condenado y, conocida la sentencia, ratificó: “Sí, y vamos a pedir disculpas”, aunque sin precisar quiénes asumirían esa responsabilidad ni bajo qué forma.
También el líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, reconoció la responsabilidad política de la Cámara Alta. “Claro que tenemos vergüenza”, afirmó, y rechazó escudarse simplemente en que los legisladores fueron engañados por Rivas. Chase anunció que impulsarán modificaciones reglamentarias para reforzar los controles sobre futuras designaciones. La senadora Lizarella Valiente, en cambio, sostuvo que no asume responsabilidad porque considera que ella y otros legisladores fueron víctimas de una estafa.
Otro reconocimiento provino de Hugo Ramírez, exdiputado de Honor Colorado que en junio de 2020 presentó formalmente la moción para enviar a Rivas al JEM. Durante el juicio admitió estar arrepentido y reconoció que la candidatura fue una “decisión política” de la bancada cartista y que le creyeron a Rivas sin exigirle la documentación que acreditara su condición de abogado. A su vez, el diputado colorado disidente Daniel Centurión reclamó que Honor Colorado pida perdón públicamente y que cada uno de quienes promovieron al exlegislador asuma su cuota de responsabilidad.
Los pedidos individuales, sin embargo, contrastan hasta ahora con la ausencia de un pronunciamiento institucional equivalente. No se conoce una disculpa formal del Partido Colorado ni de Honor Colorado, pese a que el movimiento impulsó políticamente a Rivas. Tampoco de la Cámara de Diputados, que lo eligió representante ante el JEM en 2020 y volvió a designarlo en 2021, aun después de que surgieran cuestionamientos sobre su condición profesional. La responsabilidad política excede además al oficialismo, ya que las designaciones contaron también con votos de legisladores de la oposición.
El Senado tampoco formuló hasta el momento una disculpa institucional por haber elegido a Rivas como su representante ante el JEM el 6 de julio de 2023. Fueron 26 los senadores que respaldaron su designación. Para entonces, las dudas sobre su título llevaban años instaladas públicamente. La sucesión de respaldos resulta todavía más significativa porque Rivas había reconocido ya en 2020 que no estaba matriculado ante la Corte Suprema y que nunca había ejercido la profesión, mientras las objeciones sobre su idoneidad acompañaron su primera llegada al órgano encargado de juzgar a magistrados y fiscales.
Tampoco se vislumbra hasta ahora un mea culpa institucional del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el organismo que no solo recibió a Rivas como representante del Congreso sino que terminó elevándolo a su presidencia en julio de 2023. Así, mientras algunos dirigentes colorados empiezan a admitir errores, arrepentirse o prometer disculpas, permanece pendiente una respuesta de las instituciones que protagonizaron las sucesivas decisiones que permitieron a Rivas convertirse primero en “juez de jueces” y luego en presidente del JEM. El caso deja así una responsabilidad política e institucional mucho más amplia que la conducta individual por la que el exsenador fue condenado.
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