Los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusaron a 12 personas, entre ellas exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por un perjuicio patrimonial de G 11.789.516.891.
Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos del rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
La maniobra consistía en reingresar esos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares. A partir de estas operaciones se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que luego eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable del Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio asciende a G 11.789.516.891, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados. Entre los casos detectados figuran pagos emitidos a nombre de personas que ya habían fallecido antes de la liberación de los fondos.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público.
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