El juez Humberto Otazú desestimó, a pedido de la Fiscalía, una denuncia presentada contra Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza. La causa guarda relación con la presunta sobrefacturación en la compra de equipos de la planta asfáltica del municipio de Ciudad del Este. La denuncia había sido presentada por Celso “Kelembu” Miranda, actualmente sin cargo.
La desestimación se dio en agosto y Prieto fue notificado. Ahora volvió a recordar el caso. Prieto es concejal electo de Ciudad del Este por Yo Creo, exintendente de esa ciudad y candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2028.
Su versión sobre el origen de las denuncias
Prieto atribuye el origen de las denuncias a Celso Miranda, a quien describe como un concejal que le habría pedido dinero para sumarse a su mayoría en la Junta Municipal. Según su versión, al no acceder, Miranda comenzó a denunciarlo, y el Partido Colorado “tomó muy en serio estas denuncias” y presionó a fiscales. Se trata de una acusación de una de las partes, sin respuesta de Miranda ni verificación propia en este material.
Tras la audiencia del 19 de octubre, Prieto afirmó que no confía en la independencia de la justicia: “El sistema es como un pulpo que presiona a ministros, a jueces, a fiscales”. Anunció que, cuando se desestimen las causas, sus abogados denunciarán por denuncia falsa a Miranda y a “todos los seccionaleros” que lo denunciaron.
Los casos Tía Chela y Tajy
El caso “Tía Chela” es un juicio oral en el que Prieto es juzgado junto a otras diez personas por presuntas irregularidades en la compra de kits de alimentos durante la pandemia, adjudicada por vía de excepción a la empresa Tía Chela. La Fiscalía atribuye un perjuicio de G 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Prieto califica el proceso de “farsa” y sostiene que el Ministerio Público no presentó testigos.
El 13 de octubre, el Tribunal de Sentencia aplicó la advertencia del artículo 400 del Código Procesal Penal. Las partes deberán preparar su defensa también por los presuntos hechos punibles de estafa y uso de documentos no auténticos. El juicio continuó el lunes 19 de octubre ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
En el caso Tajy, cuyo juicio fue confirmado, se acusa a Prieto de desviar G 306 millones en harina e insumos para la elaboración de panes. Según dijo, esa suma equivale al 1 % del presupuesto de la Municipalidad, que ubicó en G 300 mil millones. Prieto sostiene que la panadería municipal fabricó pan y leche de soja que se entregaron a familias afectadas durante la pandemia, con el Puente de la Amistad cerrado durante siete meses.
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