La decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, comunicada el 3 de noviembre, ha transformado un problema de solvencia de una entidad financiera en un asunto que pone a prueba la supervisión bancaria, la protección de recursos públicos y de la seguridad social, y la responsabilidad del Gobierno. La conferencia de prensa del directorio del BCP ofreció detalles técnicos sobre el proceso, pero dejó abiertas interrogantes centrales sobre el momento en que se detectaron los problemas, las medidas adoptadas y el grado de conocimiento de las autoridades políticas.
Según lo expuesto por los miembros del directorio, el análisis formal comenzó el 5 de junio de 2026 a partir de créditos vinculados que excedían los límites regulatorios, y se amplió a la revisión de carpetas crediticias, la necesidad de previsiones adicionales, el deterioro de la liquidez y la caída del índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo exigido. Liana Emilce Caballero y Marco Aurelio González insistieron en que la resolución no fue una reacción a filtraciones mediáticas, sino el resultado del trabajo de la Superintendencia de Bancos, y que el objetivo primario del BCP no es el cierre de entidades. Carlos Carvallo defendió el carácter técnico y riguroso de la actuación y recordó que en la última década varias entidades han salido del mercado bajo procedimientos similares. Al mismo tiempo, las autoridades confirmaron que se remitirán antecedentes al Ministerio Público y que se garantizará la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, mientras se realiza el balance de exclusión para determinar la suerte de montos superiores, incluidos recursos del IPS.
Estas explicaciones no han disipado las preguntas sobre el control ejercido sobre los controladores. Existían reportes previos de operaciones con empresas vinculadas, pedidos de informes del Senado y observaciones internas que circularon en los meses anteriores. El hecho de que el presidente del BCP, Carlos Carvallo, haya dirigido la entonces Financiera Ueno hasta agosto de 2023 añade un elemento de escrutinio sobre posibles conflictos de interés, aunque el directorio sostiene que el proceso se condujo con rigor técnico. La cuestión de si la Superintendencia actuó con la celeridad y contundencia necesarias, o si las medidas correctivas iniciales resultaron insuficientes, queda planteada por los propios plazos que el BCP ha descrito.
En el plano político, las declaraciones del vicepresidente Pedro Alliana han ampliado el alcance del debate. Alliana señaló que conversó con el presidente Santiago Peña sobre la situación y que este le habría indicado que se encontraba en curso un proceso de solución, incluso con negociaciones avanzadas para una eventual venta o adquisición de la entidad. Esa afirmación, sumada a la decisión de Alliana de poner en pausa su precandidatura presidencial hasta “arreglar la casa”, ha sido utilizada por la oposición para sostener que el Ejecutivo tenía conocimiento previo de la gravedad del problema. La Bancada Democrática anunció que impulsará un juicio político contra Peña y Alliana por presunto mal desempeño y presentará denuncias penales contra el directorio del BCP y directivos de ueno bank. La oposición vincula la crisis con la concentración de fondos públicos y del IPS en la entidad, y con los vínculos previos del presidente con el grupo controlador.
La pregunta que concentra el debate ya no se limita a qué ocurrió dentro de ueno bank. Se ha desplazado hacia quiénes permitieron que la situación alcanzara el punto de resolución, qué información manejaba el Gobierno en los meses previos y qué responsabilidad le corresponde al presidente Santiago Peña en la designación y supervisión de las autoridades del Banco Central, así como en las decisiones que facilitaron la colocación de recursos públicos en la entidad. El BCP sostiene que actuó dentro del marco técnico y legal; la oposición sostiene que hubo omisiones o falta de control político. Entre ambas posiciones queda el interrogante institucional: si los mecanismos de supervisión funcionaron de manera oportuna y si las autoridades responsables, tanto técnicas como políticas, responderán por las consecuencias sobre los depositantes y sobre la confianza en el sistema financiero.
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