La resolución se dictó en la audiencia de imposición de medidas celebrada este 6 de noviembre, luego de que el Tribunal de Apelación confirmara la admisión de la imputación formulada por la fiscala Yeimy Adle. Jara está procesado por el supuesto hecho punible de enriquecimiento ilícito, vinculado a una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612, mientras que Otazú responde por presunto lavado de activos.
Entre las medidas dispuestas figuran la prohibición de salida del país, la comparecencia trimestral ante el juzgado, la obligación de fijar domicilio y una caución real hasta cubrir la suma de G. 500.000.000 por cada uno de los imputados. Estas disposiciones se suman a las restricciones patrimoniales ya vigentes, que incluyen el embargo de cuentas bancarias, la inhibición de enajenar y gravar bienes y el secuestro de vehículos, ordenadas en etapas anteriores del proceso.
La Fiscalía había solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva. La causa se originó en una denuncia de la Contraloría General de la República y se centra en movimientos financieros y operaciones en efectivo registradas entre agosto de 2023 y marzo de 2026, periodo correspondiente al segundo mandato de Jara al frente de la petrolera estatal. Ambos imputados se someten al proceso bajo el principio de presunción de inocencia mientras continúa la investigación.
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