La investigación penal por el caso Ueno Bank alcanzó este viernes 6 de noviembre a dos de las principales figuras del anterior Gobierno: Santiago Peña, destituido de la Presidencia de la República, y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP).
El Ministerio Público dispuso la detención de ambos en el marco de la causa N° 92/2026, caratulada “Santiago Peña y otros s/ lesión de confianza y otros”.
La disposición quedó registrada mediante la Resolución Fiscal N° 7, fechada el 6 de noviembre de 2026.
Los registros policiales difundidos posteriormente muestran que ambos figuran con órdenes de captura vinculadas a la misma investigación.
La causa está relacionada con las operaciones financieras de Ueno Bank, los mecanismos de supervisión del BCP y las posibles responsabilidades de autoridades públicas frente a irregularidades detectadas en la entidad.
Peña permanecerá detenido en su domicilio
La orden fiscal establece que Santiago Peña debe permanecer en su vivienda hasta ponerse a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La fiscal Silvia González encabezó una comitiva que se constituyó en el domicilio del exmandatario para verificar su presencia.
Según explicó, Peña permitió el ingreso voluntario de los intervinientes y se puso a disposición de las autoridades.
“Nos constituimos a su domicilio a los efectos de verificar su permanencia. Se ha constatado que efectivamente se encuentra en su domicilio. Permitió el ingreso voluntario a su vivienda y se puso a disposición”, señaló González.
La agente confirmó que el expresidente permanecería detenido en la residencia y consideró apropiada esa medida.
También indicó que comenzarían las diligencias procesales pertinentes y que la Fiscalía trabajaba para cumplir los plazos legales.
Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Estas imputaciones deberán ser examinadas dentro del proceso penal y no constituyen una declaración de culpabilidad.
Carvallo también tiene orden de detención
La disposición fiscal alcanza igualmente a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay.
A diferencia de Peña, para Carvallo se dispuso que guarde detención en una dependencia policial determinada por la Comandancia de la Policía Nacional.
Su registro policial consigna la misma causa N° 92/2026 y la Resolución Fiscal N° 7.
La inclusión del extitular del BCP en la investigación tiene especial relevancia porque la institución monetaria era responsable de supervisar las operaciones de Ueno Bank y aplicar las medidas previstas en la legislación financiera.
Los investigadores buscan establecer qué información recibieron las autoridades del organismo supervisor, qué decisiones adoptaron y si existieron actuaciones u omisiones con relevancia penal.
Las advertencias que recibió el Banco Central
Entre los antecedentes examinados por la Fiscalía figuran informes y comunicaciones internas relacionados con operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas.
Según la documentación incorporada a la investigación, el 29 de abril de 2026 se detectaron excesos en operaciones crediticias con personas relacionadas con la entidad.
Posteriormente, se produjeron otras comunicaciones y evaluaciones técnicas sobre la situación del banco.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la venta de una cartera crediticia a Vinanzas S.A., realizada en junio de 2026 por aproximadamente USD 74,4 millones.
La operación quedó bajo cuestionamiento porque, según la hipótesis fiscal, la compra de la cartera habría sido financiada indirectamente con recursos provenientes del propio Ueno Bank.
El 29 de junio, la directora del BCP Carmen Marín Rodríguez advirtió sobre un posible déficit de solvencia de aproximadamente G. 876.640 millones, según los antecedentes de la investigación.
Asimismo, un informe técnico del 5 de agosto habría señalado que determinadas operaciones contravenían las disposiciones aplicables al sistema bancario.
Estas advertencias son relevantes para establecer qué conocían las autoridades del BCP y qué medidas adoptaron frente a los riesgos detectados.
La respuesta de Carvallo al Congreso
Otro episodio bajo cuestionamiento corresponde a la respuesta que Carvallo remitió al Senado el 7 de octubre de 2026.
Según los antecedentes fiscales, el entonces presidente del BCP informó que los excesos detectados habían sido subsanados y que la venta de cartera cumplía las condiciones de validez.
Sin embargo, la investigación señala que existían informes internos y advertencias sobre las operaciones que no habrían sido individualizados en aquella respuesta.
La Fiscalía deberá determinar si existieron omisiones penalmente relevantes y cuáles fueron las responsabilidades personales de los funcionarios intervinientes.
El procedimiento de resolución de Ueno Bank comenzó finalmente el 2 de noviembre de 2026.
Fondos públicos bajo investigación
La investigación también examina las colocaciones de recursos de instituciones públicas en Ueno Bank.
Entre los organismos mencionados en los antecedentes figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades estatales.
El Ministerio de Economía confirmó que la Caja Fiscal había colocado G. 250.000 millones en certificados de depósito de Ueno Bank durante julio de 2025.
La cartera económica explicó que la inversión se realizó mediante un procedimiento reglado y competitivo, en el que participaron diez entidades financieras.
También informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre, luego de conocer diferencias sustanciales entre la situación financiera que Ueno mostraba en 2025 y la constatada por el órgano supervisor.
Por su parte, Petropar también presentó una denuncia y solicitó mecanismos para proteger y recuperar los depósitos que mantenía en el banco.
Una investigación que alcanza a más personas
Las actuaciones contra Peña y Carvallo forman parte de una investigación más amplia sobre las operaciones de Ueno Bank y las empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
El Ministerio Público también abrió procesos contra directivos y otras personas vinculadas a la entidad financiera por presuntas irregularidades crediticias y operaciones entre sociedades relacionadas.
Entre los movimientos examinados figuran préstamos millonarios, transferencias de fondos entre empresas y operaciones de venta de cartera.
La Fiscalía sostiene que estos hechos deben investigarse para determinar posibles perjuicios patrimoniales y responsabilidades individuales.
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