Santiago Peña dejó de ser presidente de la República este viernes 6 de noviembre, luego de que la Cámara de Senadores resolviera su destitución mediante juicio político. La decisión estuvo seguida por otro acontecimiento de enorme impacto político: el Ministerio Público presentó una imputación contra el exmandatario en el marco de una investigación por supuesta lesión de confianza y otros hechos punibles.
La destitución se produjo tras dos jornadas de debate parlamentario, en las que los fiscales acusadores expusieron sus cuestionamientos a la gestión presidencial y sus presuntos vínculos con las irregularidades financieras investigadas en Ueno Bank y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
Peña había presentado su renuncia antes de que concluyera el proceso, pero el Congreso no llegó a aceptarla formalmente. Por ese motivo, el juicio político continuó hasta la votación de la sentencia.
La defensa de Peña rechazó las acusaciones
Durante la jornada, los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro asumieron la defensa del mandatario ante la Cámara Alta.
Preda cuestionó el tiempo concedido para preparar sus argumentos y sostuvo que las acusaciones no demostraban una actuación ilegal del presidente.
También argumentó que instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto de Previsión Social (IPS) cuentan con autonomía administrativa y que las decisiones de supervisión bancaria e inversión de recursos no dependen directamente del jefe de Estado.
La defensa cuestionó además la continuidad del juicio político después de la renuncia presentada por Peña, aunque esta no había sido aceptada por el Congreso.
Por su parte, los fiscales acusadores insistieron en los cuestionamientos relacionados con la supervisión de Ueno Bank, los posibles conflictos de intereses y el manejo de recursos públicos.
Uno de los ejes de la acusación fue el presunto circuito de préstamos entre Ueno Bank y empresas vinculadas al Grupo Vázquez, que los legisladores describieron durante sus alegatos bajo el título “La bicicleta de Peña”.
Según la exposición de los acusadores, determinadas sociedades habrían recibido créditos millonarios que posteriormente fueron transferidos a otras empresas del mismo conglomerado.
Estos señalamientos formaron parte de la acusación política y no equivalen, por sí solos, a una determinación judicial de responsabilidad penal del exmandatario.
La Fiscalía imputa al expresidente
Tras conocerse la destitución, también se informó de la imputación presentada por el Ministerio Público contra Santiago Peña.
La actuación fiscal está relacionada con la causa N° 92/2026, abierta por supuesta lesión de confianza y otros hechos punibles, en el contexto de las investigaciones sobre Ueno Bank y sus vínculos con instituciones estatales.
Entre los antecedentes del expediente figuran cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la supervisión de la entidad financiera, eventuales conflictos de intereses y la actuación de autoridades públicas frente a operaciones bancarias bajo investigación.
También se encuentran bajo cuestionamiento las colocaciones de recursos de instituciones públicas en Ueno Bank, incluidos fondos del IPS y de la Caja Fiscal.
Sin embargo, todavía no se dispone del acta de imputación para precisar cuáles de estos antecedentes fueron atribuidos específicamente a Peña, qué conductas concretas le señala la Fiscalía y si fueron solicitadas medidas cautelares.
La imputación representa una actuación formal dentro del proceso penal, pero no constituye una condena.
Fondos públicos y el caso Ueno Bank
El escándalo financiero de Ueno Bank alcanzó a varias instituciones públicas que mantenían recursos en la entidad.
Este viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la Caja Fiscal había colocado G. 250.000 millones en certificados de depósito de Ueno Bank, como parte de una inversión realizada el 31 de julio de 2025.
Según Economía, la entidad ofreció una tasa anual del 12,35%, la más alta entre los bancos participantes del procedimiento competitivo.
El Ministerio también reconoció diferencias sustanciales entre la situación financiera que Ueno mostraba públicamente en 2025 y la constatada esta semana por el organismo supervisor. Por ese motivo, presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre.
Por otra parte, Petropar informó que también recurrió a la Fiscalía y solicitó mecanismos para recuperar depósitos que mantenía en la entidad bancaria.
En paralelo, las investigaciones sobre Ueno Bank derivaron en imputaciones y medidas judiciales contra directivos y otras personas vinculadas a sus operaciones. Las responsabilidades penales deberán determinarse individualmente en los procesos correspondientes.
El mensaje de despedida de Peña
Antes de conocerse la sentencia del Senado, Peña difundió un mensaje en su cuenta de X en el que explicó que había presentado su renuncia para evitar mayores daños al país.
“Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, expresó.
El entonces mandatario también llamó a reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”, señaló en su publicación.
Peña concluyó su mensaje con la frase: “Que Dios bendiga al Paraguay”.
La sucesión presidencial continúa pendiente
Con la destitución de Santiago Peña, se abre una nueva etapa institucional en Paraguay. Sin embargo, al cierre de esta información, todavía queda pendiente la definición y formalización de la sucesión presidencial.
Por ese motivo, aún no corresponde dar por concretada la asunción de Pedro Alliana ni anunciar su juramento como un hecho confirmado.
Mientras tanto, las investigaciones penales relacionadas con Ueno Bank siguen su curso.
La destitución mediante juicio político y la imputación fiscal son procedimientos distintos: la primera determina la salida del cargo presidencial, mientras que la segunda abre una etapa judicial en la que deberán investigarse y probarse las eventuales responsabilidades penales.
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