El Senado destituyó el viernes a Santiago Peña por mal desempeño en sus funciones, con el voto de los 44 senadores presentes, en el marco del juicio político impulsado tras la intervención de Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay. La entidad, que contaba con cerca de tres millones de clientes, fue puesta en proceso de resolución por problemas de solvencia, lo que dejó a una proporción significativa de la población sin acceso a sus depósitos y generó protestas en Asunción y otras ciudades. La Fiscalía ordenó la detención domiciliaria del ahora expresidente, investigado por hechos relacionados con la supervisión del banco y la colocación de fondos públicos en la entidad.
Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó para continuar con el procedimiento de destitución, lo que le impidió acceder al escaño vitalicio en el Senado previsto para expresidentes elegidos democráticamente. Según la acusación, existían vínculos previos del mandatario con el Grupo Vázquez, controlador de Ueno Bank, del que había sido accionista hasta 2025, y se cuestionó el nombramiento del entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había tenido funciones ejecutivas en la financiera vinculada al grupo. Peña negó irregularidades y señaló que su salida buscaba preservar la estabilidad institucional. El vicepresidente Pedro Alliana fue juramentado el mismo viernes y, en su primer mensaje, anunció que los afectados por el descalabro financiero serían compensados plenamente, con prioridad para los más vulnerables, y ordenó acciones inmediatas de resarcimiento.
La noticia tuvo amplia cobertura en la prensa internacional. Agencias como Reuters y Associated Press, así como medios como The Wall Street Journal, The New York Times, El País, BBC Mundo, DW y CNN, reportaron la secuencia de hechos: la intervención bancaria, la renuncia rechazada, la destitución unánime y la detención domiciliaria. Varios análisis destacaron el impacto en la reputación de Paraguay como destino de inversiones, tras haber alcanzado grado de inversión en años recientes, y señalaron que el caso expone cuestiones de supervisión financiera y manejo de fondos públicos, incluidos depósitos del Instituto de Previsión Social. La Embajada de Estados Unidos en Paraguay expresó solidaridad con el pueblo paraguayo sin referirse directamente al mandatario destituido. Peña había sido descrito en reportes como un aliado regional de Washington, con encuentros recientes de autoridades estadounidenses.
En la región, las reacciones oficiales fueron mayoritariamente cautelosas. Cancillerías y mandatarios de países vecinos, como Brasil, Perú y Chile, indicaron que seguían la situación como un asunto interno, con llamados a la institucionalidad y la paz social. Otros comentarios, como el del expresidente colombiano Gustavo Petro, fueron más críticos. En Paraguay, el nuevo gobierno enfrenta la tarea de avanzar en la devolución de depósitos, las investigaciones judiciales sobre Ueno Bank, que ya involucran a directivos de la entidad, y la restauración de la confianza en el sistema financiero y las instituciones. Las autoridades han sostenido que no hay riesgo de contagio a otras entidades, mientras el proceso de resolución del banco continúa.
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