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Una de las mujeres denunciantes, María Elena Pereira, refirió que la medida de fuerza continuará hasta que el ministro «cumpla con las resoluciones judiciales que le protegen a nuestros hijos». Pereira expresó que en su caso, la encargada de despacho de una institución educativa habría maltratado a su pequeño que cuenta con una discapacidad motriz.