Dijo que se introdujeron varias modificaciones, algunas positivas y otros confusas, puesto que crean contradicciones. Inició su descargo enfatizando el problema de estructura en el diseño del Consejo Superior de Seguridad Social, ahí hay demasiado que discutir, refirió.
“Se replican los mismos dichos que tiene el Consejo de Administración del IPS actual, que eminentemente es un órgano político, no un órgano donde funciona los intereses de los aportantes”, expresó Halley a Ñandutí.
Por otro lado, en cuanto a la inmunidad del superintendente y sus funcionarios se atenuó un poco y se redujo en el tiempo, es decir; es impune durante el proceso de intervención de una entidad, señaló. En ese sentido, dijo que le parece una aberración que un funcionario público tenga una inmunidad, “esa figura no debe existir en democracia”, manifestó.
Respecto al artículo 11 del proyecto de Ley en el que se expone el “menú” de inversiones que el superintendente pueden disponer. Explicó que al final dice “y otras que el superintendente autorice”, lo que deja abierto a “jugadas”, puesto que no es taxativo, sino a criterio del superintendente, según Halley. “No es que se le limitó mucho sus facultades de direccionamiento, que es lo que cuestionamos”, agregó.
Por otro lado, expuso otro cuestionamiento y señala que muchos están obviando el artículo 41 que habla del proceso de implementación de Ley. Según el proyecto de Ley, se armará la estructura en 24 meses, 36 meses las cajas presentarán su plan de adecuación y en 5 años se establecerá un nuevo modelo de seguridad social.
“Pero al final dice que los plazos no regirán para los artículos 10 11 y 12 que serán de aplicación inmediata desde el día de la promulgación de la Ley; que son sobre préstamos de afiliados, modalidades de inversión de atribución del superintendente y la enajenación de inmuebles”, indicó, enfatizando que no se va a esperar mucho tiempo para comenzar “el proceso de empapelamiento de los fondos del IPS y para empezar a enajenar determinados inmuebles”, concluyó.