Pérez argumentó que el procedimiento tuvo amplias repercusiones en una estructura criminal organizada y señaló que en las comunicaciones clandestinas de Sebastián Marset se escucharon amenazas contra el fiscal Pak y la jueza del caso.
«Creo que hay que tener cuidado más allá de las amenazas contra la integridad física o la vida», sostuvo Pérez, quien consideró que los funcionarios y magistrados involucrados en el proceso deben ser protegidos por las autoridades.
«Acá claramente van a seguir pasando factura por las consecuencias que tuvo este hecho», remató la exministra.
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