Según explicó a Ñandutí la fiscal del caso, Yeimy Adle, la investigación reveló un esquema ilícito dentro del SENAVE que exigía pagos ilegales de hasta G. 10 millones a importadores para liberar certificados de productos frutihortícolas, mientras la mercadería —altamente perecedera— quedaba en muchos casos retenida.
Las autoridades afirman que el esquema estaba montado para forzar pagos a cambio de agilizar trámites esenciales para el comercio, generando perjuicios económicos y favoreciendo un circuito de corrupción interna.
Deja una respuesta