Según la denuncia, los pagos variaban entre 10 y 15 millones de guaraníes. Leguizamón criticó a Soria, afirmando que es un «caradura» y que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones.
También aseguró que había informado a Soria sobre las acusaciones de cobro ilegal por parte de su sobrino, pero que no tomó medidas al respecto.
Ante esta situación, la fiscala Yeimy Adle imputó a Soria y a otras diez personas por su presunta participación en este esquema de cobro ilegal, por los supuestos hechos de coima y asociación criminal.
Según la denuncia, funcionarios del SENAVE solicitaban G. 10 millones o más por certificados que cuestan solo G. 17 mil necesarios para importar productos como papas, tomates y cebollas.
«Vergüenza deberían tener, porque no pueden decir que no sabíamos de la situación», sentenció Leguizamón.
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