En una entrevista Ñanduti, la fiscala de ejecución Celia Bekelman abordó las fallas del sistema de ejecución penal en Paraguay, específicamente en relación con el trabajo del Organismo Técnico Criminológico (OTC), un conjunto de profesionales que tiene un rol fundamental en la evaluación y seguimiento de los internos en los centros penitenciarios del país.
El problema no está en la ley, sino en la ejecución
Bekelman enfatizó que el problema principal no radica en las normativas existentes, sino en su aplicación. «Lo que es importante es que la ejecución tiene una infinidad de normativas, no solamente el Código de Ejecución, sino resoluciones administrativas, acordadas, decretos y leyes en general. El tema no es el problema de la ley, el tema son las personas, las que ejecutan», afirmó.
Según la fiscala, si las personas encargadas de la ejecución penal cumplieran de manera efectiva sus funciones, la situación sería diferente. «Si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer dentro de nuestras funciones, sería distinto. Ahí está el punto. Ese es el problema», indicó Bekelman, señalando que, en muchas ocasiones, los funcionarios involucrados en el proceso no están capacitados o no comprenden completamente sus roles dentro del sistema.
El papel del Organismo Técnico Criminológico
Uno de los principales focos de la conversación fue el rol del Organismo Técnico Criminológico (OTC), compuesto por profesionales como psiquiatras, psicólogos, abogados y docentes especializados en criminología, que deben trabajar en cada centro penitenciario del país. Sin embargo, Bekelman explicó que, hasta el momento, no todos los centros penitenciarios cuentan con un OTC funcional.
El OTC tiene la tarea de evaluar a los internos, hacer un seguimiento de su evolución y, posteriormente, informar al juez de ejecución sobre los avances y necesidades del interno para tomar decisiones como la concesión de beneficios penitenciarios o el cambio de régimen. «Son ellos los que evalúan y después los que tienen que hacer el seguimiento, y son ellos los que informan al juez de ejecución justamente esa evolución que tiene el interno», destacó la fiscala.
Sin embargo, Bekelman también denunció que, en muchas ocasiones, los informes proporcionados por el OTC no incluyen información adecuada. «Cuando se va a pedir algún tipo de beneficio, o pasar de un periodo a otro, ahí recién el Organismo Técnico Criminológico hace sus evaluaciones y entrega al juez de ejecución. Y nos encontramos mucho con que ellos mencionan en su informe, ‘refiere el interno’, pero no necesitamos lo que refiere el interno», señaló.
Desajuste en las funciones del OTC
La fiscala explicó que el OTC, por su falta de claridad en sus funciones, no está entregando los informes necesarios para una correcta toma de decisiones judiciales. «Nosotros necesitamos saber qué test aplicaron, cuáles son los resultados de estos test, cuál es la periodicidad del tratamiento», señaló, aludiendo a la falta de seguimiento adecuado por parte de los profesionales involucrados.
Además, criticó la falta de normativas claras que regulen las funciones del OTC. A pesar de que el Código de Ejecución Penal tiene 11 años de promulgado, recién en 2024, con la resolución número 16/2024, se regularon de manera formal las funciones del Organismo Técnico Criminológico, lo que la fiscala considera un tiempo perdido que ha afectado el funcionamiento del sistema penitenciario.
Según la fiscala, si bien existen las normativas necesarias para una correcta ejecución de las penas, el verdadero desafío radica en la falta de capacitación, la desorganización y la falta de compromiso por parte de los actores involucrados en el proceso.
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