Según la ANDE, el daño patrimonial anual es Gs. 255.200.178 y deberá ser pagado por el responsable.
En el operativo se confiscó un total de 200 máquinas procesadoras de criptoactivos, de las cuales se cree que 20 estaban en funcionamiento cuando se realizó la intervención y el resto fue encontrado en una habitación del inmueble.
La ANDE recuerda que el robo de energía es un delito grave, establecido en la Ley 7300/24, con penas de hasta 10 años de prisión.
Fuente: ip.gov.py
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