La medida busca recuperar un perjuicio patrimonial estimado en US$300.000.000 al Estado nacional argentino. La Fiscalía de dicho país probó que parte del dinero −unos 16 millones de dólares− terminó en paraísos fiscales y en cuentas de Vicentin.
La citación a indagatoria alcanza a 26 personas, quienes deberán presentarse ante el juzgado en un cronograma que se extiende desde el 27 de octubre hasta el 18 de diciembre.
El caso Vicentin en Paraguay y la «vista gorda» de la Fiscalía
La investigación sobre presuntas irregularidades financieras en Vicentin Paraguay S.A. a comienzos de año, tomó un drástico cambio tras la sorpresiva solicitud de sobreseimiento provisional de los exdirectivos José Luis Ganneschi y Máximo Javier Padoan, imputados por falsear la situación patrimonial de la empresa para obtener un crédito de 5 millones de dólares del Banco Continental S.A.E.C.A. La decisión del Ministerio Público, presentada por las agentes fiscales Laura Giacummo y Nathalia Silva el 21 de febrero de 2025, fue duramente cuestionada por la parte denunciante, que señala una actuación apresurada y poco rigurosa por parte de la Fiscalía.
El caso, que involucra la supuesta omisión de información clave sobre la transferencia del principal activo de Vicentin antes de acceder al préstamo, parecía encaminarse hacia una resolución más contundente. Sin embargo, la solicitud de sobreseimiento llegó 20 días antes del plazo límite del 11 de marzo para presentar un acto conclusivo, y apenas un día antes del traslado de una de las fiscales asignadas al caso. «El sobreseimiento provisional enfría la causa», lamentó el abogado José Miguel Fernández Zacur, quien representa al Banco Continental. «Nos llama la atención que, teniendo la posibilidad de usar todo el plazo y una diligencia fundamental el 3 de marzo, el Ministerio Público renuncie a ese tiempo», añadió.
En ese asunto, una pericia contable clave programada para apenas ocho días después de la solicitud, podría haber cambiado el rumbo de la investigación, según Fernández. «Para nosotros, este caso es una estafa en toda su dimensión jurídica», afirmó, subrayando que el «engaño por omisión» de Vicentin al ocultar su situación real al banco debería haber sido un eje central del proceso.
En una comparación con Argentina, donde la justicia amplió imputaciones e incorporó el delito de balance falso por hechos similares, el abogado Francisco Báez Otazo destacó la disparidad: «Allá la reacción fue mucho más radical que aquí en Paraguay».
La premura de las fiscales Giacummo y Silva, quienes optaron por «congelar» la causa sin esperar los resultados pendientes, generó serias sospechas sobre la profundidad de la investigación. «No es muy común renunciar a tanto tiempo ni otorgar un sobreseimiento provisional sin saber qué elementos podrían surgir en esos 20 días», «Espero que el Ministerio Público retome la madurez jurídica necesaria para terminar las diligencias que dicen faltantes», expresó Fernández. La coincidencia del traslado de una fiscal justo un día después de la solicitud agrega un matiz adicional de desorden que no pasa desapercibido.
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