Vargas afirmó que la persistencia de la llamada mafia de los pagarés no responde a una falta de educación financiera de las víctimas, sino a la existencia de un entramado criminal complejo que se inicia mucho antes de la ejecución judicial de los documentos. Según explicó, el esquema se nutre del acceso a datos privilegiados y de una cadena de intermediaciones que involucra a asociaciones, gremios y empresas formalmente constituidas.
De acuerdo con Vargas, uno de los puntos centrales del mecanismo es el acceso en tiempo real a información sensible de funcionarios y funcionarias públicas, lo que permite identificar quiénes se encuentran en una situación económica vulnerable. “Las veces que hemos recurrido a empresas, ellas te muestran en tiempo real cuánto percibe esa persona y cuánto podría ser descontado de sus haberes”, señaló, al describir una operatoria que, según dijo, sigue vigente.
La abogada explicó que, a partir de esos datos, se realizan operaciones simuladas que encubren préstamos usurarios, frecuentemente presentados como ventas de electrodomésticos u otros bienes. En ese contexto, las personas afectadas firman una serie de documentos que incluyen autorizaciones de descuento directo del salario y, en la misma hoja, múltiples pagarés con campos incompletos, en los que solo figura la firma, sin fecha ni monto consignado.
Con el paso del tiempo, esos pagarés comienzan a circular, generando nuevas reclamaciones de pago. Vargas indicó que muchas víctimas terminan siendo cobradas por sumas muy superiores al dinero originalmente recibido. “No es solo que te vuelvan a cobrar los cinco millones que prestaste, sino que te cobran 70 millones”, afirmó, al tiempo de advertir que la falta de notificación impide a las personas verificar la validez de la deuda o incluso la autenticidad de la firma.
La abogada remarcó que el funcionamiento del sistema se sostuvo durante años gracias a la ausencia de notificaciones formales y a la fragmentación de responsabilidades entre distintas instancias. En ese marco, sostuvo que existen responsabilidades institucionales que deben ser abordadas, ya que el fenómeno excede el ámbito estrictamente judicial y se apoya en fallas estructurales de control.
Vargas señaló además que mantuvieron reuniones con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para poner en conocimiento a la institución sobre la operatoria descripta. Sin embargo, advirtió que, mientras no se aborde de manera integral el circuito previo a la ejecución judicial y el rol de los intermediarios, el esquema seguirá reproduciéndose.
Finalmente, la abogada sostuvo que la participación de empresas “serias y grandes” y la utilización de estos mecanismos como herramientas de lavado de dinero explican, a su criterio, por qué la mafia de los pagarés continúa mostrando resiliencia y por qué está lejos de llegar a su fin.
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