“Ahora estamos terminando un proceso de recolección de firmas para darle más fuerza a nuestra nota presentada. Hay locales puntuales en San Bernardino donde la gente puede acercarse”, expresó Karina Ferrari, vocera de la urbanización afectada. De acuerdo con la dirigente vecinal, la medida apunta a presionar a las autoridades para que intervengan y frenen la ocupación irregular del predio.
Ferrari señaló que el impacto de la invasión se manifiesta en distintos niveles. “El daño que se está generando es en todo sentido: en seguridad, en desvalorización de propiedades. Mucha gente ya vendieron sus propiedades y la gente que compra lo hace con este problema”, sostuvo. Según explicó, algunos propietarios optaron por desprenderse de sus terrenos ante la incertidumbre generada por la situación.
La vocera indicó además que el conflicto no es reciente, pero que se agravó por el aumento sostenido de personas que se instalan en el lugar. “Lo que es nuevo es la cantidad de gente abrumadora que está llegando día tras día en los últimos meses”, afirmó. En ese sentido, estimó que actualmente habría alrededor de 150 familias asentadas en el predio, que abarcaría unas 10 hectáreas.
Otro punto señalado por los vecinos es la falta de una definición clara sobre la jurisdicción del inmueble. Ferrari manifestó que las autoridades municipales de ambas ciudades se atribuyen mutuamente la responsabilidad de intervenir. Según afirmó, “los intendentes de San Bernardino e Ypacaraí se tiran la pelota por el lugar en el que se encuentra el predio”, lo que, a su criterio, retrasa cualquier solución.
En paralelo, los afectados denuncian supuestas irregularidades en el proceso de ocupación. De acuerdo con Ferrari, algunas de las personas asentadas aseguran contar con aval político. “La misma gente asentada aquí nos cuenta que ellos vienen con permiso de concejales, que ellos le dijeron que ahí se pueden ubicar. Ahí nos dimos cuenta que esto iba a ser muy complicada”, relató.
La situación también genera preocupación por su impacto ambiental. Los vecinos sostienen que el área ocupada corresponde a un humedal protegido y reserva natural, vinculado al ramal del lago Ypacaraí. Según Ferrari, la expansión de los asentamientos compromete el ecosistema del lugar y agrava el riesgo de degradación ambiental.
Ante este panorama, los residentes reiteraron su pedido de intervención a las instituciones correspondientes, tanto a nivel municipal como departamental y nacional. La recolección de firmas forma parte de una estrategia para reforzar el reclamo formal y exigir una respuesta que permita regularizar la situación, proteger el área natural y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
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