Entre los puntos acordados se encuentra la fijación de una edad mínima de 53 años para acceder a la jubilación, con una tasa de sustitución del 78 % del salario. Asimismo, se estableció que el aporte del Estado al sistema se elevará al 10 % desde el primer año de vigencia de la normativa, descartando la aplicación gradual prevista inicialmente.
Alliana también sostuvo que actualmente el Estado realiza un aporte superior al 10 % al sistema de la Caja Fiscal. Según indicó, con la aprobación de la reforma se espera que ese nivel de contribución —que señaló ronda el 12,5 %— ya no sea necesario para sostener el funcionamiento del sistema.
En relación con los beneficios contemplados en la propuesta, el vicepresidente aclaró que los viudos o viudas de docentes no serán incluidos dentro del esquema planteado. Explicó que, a pedido del sector docente, se resolvió priorizar a los hijos, estableciendo un límite de hasta dos beneficiarios por familia. En esos casos, detalló, el porcentaje de la jubilación podría incrementarse de 78 % a aproximadamente 80,8 %.
El vicepresidente también reconoció que la reforma no resolverá de forma total el déficit que enfrenta la Caja Fiscal. En ese sentido, señaló que la propuesta constituye una primera etapa dentro de un proceso más amplio de ajustes al sistema. De acuerdo con lo mencionado por el funcionario, estimaciones previas indicaban que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados podría haber cubierto cerca del 75 % del problema financiero, mientras que la versión actualmente discutida apuntaría a resolver alrededor del 50 %.
Alliana añadió que, según las proyecciones planteadas durante las conversaciones, en un plazo de tres o cuatro años podría evaluarse una nueva revisión del sistema para introducir eventuales modificaciones adicionales
Deja una respuesta