La iniciativa fue impulsada por un equipo técnico encabezado por integrantes de la institución, entre ellos el defensor adjunto Edgar Ríos y defensores civiles.
Según explicaron durante una entrevista en Ñanduti, la ley surgió luego de detectar múltiples irregularidades en expedientes judiciales, como desaparición de documentos, falta de registros y demoras indefinidas en los trámites de reconstitución.
Ríos señaló que anteriormente no existían plazos para que actuarios judiciales informaran sobre la existencia de expedientes, situación que permitía dilaciones mientras continuaban descuentos y embargos sobre los afectados.
Con la nueva normativa, se estableció un plazo de 10 días para que los juzgados informen sobre la ubicación de expedientes y se habilitó la posibilidad de levantar medidas cautelares mientras se realiza la reconstitución de los procesos.
Además, los jueces ahora pueden anular actuaciones de oficio cuando detecten irregularidades. Desde la Defensoría indicaron que varias personas ya lograron recuperar montos que permanecían retenidos en cuentas judiciales.
“Tenemos que buscarle soluciones a nuestro usuario, no ponerle palos otra vez”
El defensor público Martín Muñoz también explicó que la ley simplificó el acceso a los servicios de la Defensa Pública. Comentó que los afectados ya no necesitan presentar numerosos documentos para acceder al beneficio de litigar sin gastos, ya que actualmente basta con una declaración jurada.
Asimismo, destacó que personas del interior del país pueden iniciar sus trámites desde las sedes locales de la Defensoría, aunque sus expedientes se encuentren en Asunción o Central, donde se concentra cerca del 80% de las causas detectadas.
Ambos representantes señalaron que los sectores más afectados fueron docentes, enfermeros y comunidades indígenas. También aclararon que la problemática no guarda relación directa con la educación financiera de las víctimas, sino con presuntas irregularidades dentro de procesos judiciales y esquemas de cobro.
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