Llanes explicó que el proceso exige la articulación de múltiples sectores, entre ellos el sistema financiero, organismos de control, instituciones públicas y sujetos obligados vinculados a la trazabilidad del dinero y la prevención del lavado de activos.
La integrante de la Corte sostuvo que desde hace varios años el país viene alineándose a políticas internacionales de combate al lavado de dinero, narcotráfico y criminalidad compleja.
Recordó que Paraguay integra actualmente el Gafilat y advirtió que una eventual salida del organismo tendría consecuencias negativas para la imagen país y las oportunidades económicas futuras.
“La criminalidad compleja instala un Estado paralelo”
Llanes afirmó además que las organizaciones criminales buscan infiltrarse en las estructuras formales del Estado para proteger y sostener sus actividades ilícitas.
Advirtió que estas estructuras intentan penetrar en los distintos poderes e instituciones para operar dentro del sistema legal y garantizar impunidad.
En ese sentido, señaló que uno de los principales riesgos es que la mafia logre influir sobre los sistemas económicos y políticos, afectando el Estado de derecho y las democracias. Explicó que el crimen organizado necesita “protección formal” para continuar funcionando y que, históricamente, las mafias han buscado financiar estructuras y posicionarse dentro de ámbitos institucionales.
Finalmente, la ministra destacó que, desde la instalación de la justicia especializada y la aprobación de nuevas leyes vinculadas a criminalidad compleja, Paraguay viene monitoreando y cuantificando los avances en la materia.
Afirmó que el objetivo es llegar al examen del 2030 con resultados concretos y un sistema alineado a los estándares internacionales exigidos por los organismos de control financiero.
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