El exlegislador aseguró que no tiene “la menor duda” de que existe un componente político en su causa y vinculó el inicio de sus problemas judiciales con su salida del sector liderado por Mario Abdo Benítez para incorporarse a Honor Colorado y apoyar la candidatura presidencial de Santiago Peña.
Galeano relató que uno de los momentos que considera determinantes ocurrió el 19 de mayo de 2023, cuando organizó en su residencia una reunión política con referentes de Honor Colorado, entre ellos Santiago Peña, Pedro Alliana, gobernadores, diputados y senadores electos.
Según recordó, apenas minutos después de difundirse una fotografía oficial del encuentro, se conoció públicamente su imputación en el marco del operativo A Ultranza Py. “Ese día estaba premeditado”, expresó, al interpretar el episodio como un “golpe político”.
El exlegislador evitó mencionar directamente a personas específicas, aunque reconoció diferencias con referentes del abdismo. Además, remarcó que el actual fiscal general del Estado fue designado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y deslizó sospechas sobre presiones políticas dentro del sistema judicial.
No obstante, dijo no considerar “permeables” a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, aunque sí cuestionó lo que definió como un “sesgo de confirmación” dentro de la investigación.
Durante la entrevista, Galeano insistió en que la causa en su contra se construyó únicamente sobre “indicios” y no sobre pruebas directas. En ese sentido, negó haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas atribuidas a Sebastián Marset y sostuvo que recién supo que el narcotraficante utilizó su avioneta luego de iniciarse la investigación.
También defendió la venta de una propiedad vinculada posteriormente a personas investigadas y aseguró que todas las operaciones comerciales realizadas fueron legales.
Su abogado, Luis Almada, respaldó esa postura y cuestionó duramente tanto la condena de primera instancia como la confirmación posterior de la Cámara de Apelación.
El defensor afirmó que la sentencia “no tiene ni pies ni cabeza” y criticó la rapidez con la que se resolvieron distintos recursos judiciales planteados por la defensa.
A la par, sostuvo que el operativo A Ultranza Py generó un fuerte impacto dentro del ámbito judicial y mediático, lo que, según su criterio, condicionó la percepción pública sobre Galeano incluso antes del inicio del juicio oral.
Erico también habló sobre las consecuencias personales y familiares del proceso. Comentó que sintió una “condena social” antes de ser juzgado y lamentó lo que calificó como “ingratitud” de personas cercanas. Finalmente, explicó que decidió renunciar a su banca en el Senado para evitar un mayor desgaste sobre su familia y ante la posibilidad de enfrentar una pérdida de investidura impulsada por la presión política y mediática.
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