Un masivo sector de profesionales del derecho se encuentra impulsando el proyecto de ley titulado oficialmente: «Por el cual se establecen funciones fedatarias para los abogados matriculados en la República del Paraguay y se dictan disposiciones relacionadas». La propuesta, que cuenta con el abogado Emilio Acevedo como uno de sus principales impulsores y voceros, busca ingresar formalmente al Congreso Nacional mediante el mecanismo de iniciativa popular.
Los proyectistas argumentan que otorgar facultades certificadoras a los abogados representa una respuesta necesaria y congruente con el principio de eficiencia contemplado en la Constitución Nacional.
Según sostienen en la exposición de motivos, la actual concentración de funciones fedatarias exclusivamente en manos de notarios (escribanos) y jueces de paz genera demoras significativas y cuellos de botella burocráticos que terminan afectando de forma directa la eficacia del sistema de justicia.
¿Qué plantea el proyecto de ley?
De acuerdo al cuerpo normativo del documento, se busca crear la figura del «Abogado Fedatario», definido como aquel profesional matriculado y debidamente habilitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ejercer la función de certificar la existencia y autenticidad de hechos, actos o documentos.
Entre las principales atribuciones que el proyecto pretende conceder a los abogados se destacan:
- Certificar hechos, actos o documentos ya sea por mandato de una autoridad pública o a solicitud de una parte interesada.
- Dar fe de los actos jurídicos autorizados por ellos mismos o de hechos ocurridos en su presencia.
- Expedir testimonios fehacientes de las formalizaciones documentales que realicen.
- Practicar inventarios de bienes y otras diligencias extrajudiciales.
- Prestar servicios profesionales de certificación todos los días, incluyendo jornadas feriadas.
Para garantizar la transparencia, la normativa estipula que los abogados habilitados deberán llevar de forma rigurosa un Libro de Actuaciones numerado y progresivo, quedando la supervisión, fiscalización y sanción a cargo de la Superintendencia de la CSJ.
Un inminente conflicto
El avance de este proyecto de ley, que se sustenta además en experiencias de modernización implementadas en países como España, Argentina y Colombia, ya encendió las alarmas dentro del ámbito notarial.
Fuentes del sector técnico señalan que la iniciativa «va a generar una roncha directa» con los escribanos públicos, puesto que el otorgamiento de estas facultades (tales como la autenticación de firmas y la validación de documentos) impactará directamente sobre el monopolio de las funciones que desempeñan actualmente las notarías.
A pesar de la polémica corporativa que se avecina, los impulsores defienden que la ley descentralizará los servicios legales y los hará económicamente más accesibles para la ciudadanía en general.
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