La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que modifica y amplía la ley 7434/2025 de la reforma del Tren de Cercanías mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). Esto significa que el Estado paraguayo no contratará a empresas privadas vía licitación tradicional, sino que se asociará directamente con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La propuesta técnica y financiera para implementar este tren ligero 100% eléctrico en el área metropolitana contempla una inversión estimada en USD 400 millones para su primera fase. Durante el debate en sesión extraordinaria, la diputada Cristina Villalba (ANR), titular de la Comisión de Presupuesto, recordó que el bloque analizó los alcances técnicos, financieros y sociales junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y FEPASA.
Según los lineamientos aprobados para su ejecución, el sistema prevé un plazo estimado de construcción de entre 3 y 5 años, sumado a una subconcesión para la operación y el mantenimiento de las vías por un periodo de 30 años.
El plan de ejecución en fases
La implementación de la infraestructura ferroviaria se dividirá en dos etapas:
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Fase 1: Contempla el tramo Asunción-Luque, con una extensión de 18 kilómetros y la construcción de 9 estaciones principales, donde se concentrará la inversión inicial de USD 400 millones.
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Fase 2: Extenderá el trayecto desde Luque hasta la ciudad de Ypacaraí, sumando 26 kilómetros adicionales y 4 estaciones estratégicas.
Financiamiento y alianza con Emiratos Árabes
Para la puesta en marcha, se conformará una Sociedad de Objeto Específico (SOE) con un esquema financiero estructurado de la siguiente manera:
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50% en carácter de Capital (USD 200 millones): Integrado en un 75% por aportes de inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos y un 25% por el Estado paraguayo vía FEPASA.
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50% en carácter de Financiamiento (USD 200 millones): Compuesto por USD 100 millones provenientes del Fondo de Desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos y otros USD 100 millones aportados por inversores institucionales.
Si bien legisladores del oficialismo destacaron la participación de FEPASA para garantizar la transferencia tecnológica y la administración soberana, diputados opositores como Raúl Benítez, Rubén Rubín y Rocío Vallejo manifestaron dudas respecto a las garantías del financiamiento y los mecanismos de control, acompañando el proyecto «con una mezcla de esperanza y miedo».
Con la sanción de la Cámara Baja, las modificaciones legales quedan a las puertas de la promulgación del Poder Ejecutivo.
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