El representante legal aseguró que el informe de correspondencia emitido por la Contraloría General de la República confirma que no hubo incremento irregular del patrimonio durante el tiempo en que Peña ejerció funciones públicas, por lo que calificó las denuncias presentadas como “temerarias”.
“Yo no veo absolutamente ningún indicio siquiera para hacer una investigación”, afirmó Preda durante una entrevista en Ñanduti. El abogado insistió en que la legislación paraguaya establece que el delito de enriquecimiento ilícito se configura únicamente cuando existe un aumento patrimonial injustificado mientras una persona ocupa un cargo público.
“La única información concreta que existe es un informe de Contraloría que dice que hay correspondencia de bienes”, remarcó.
Uno de los puntos más cuestionados en torno al caso es el fuerte crecimiento patrimonial de Santiago Peña. Según los datos expuestos, el patrimonio neto del presidente pasó de G. 914 millones en 2014 a más de G. 23.000 millones en 2023, lo que representa un incremento superior al 2.400%.
Ante esto, Preda argumentó que el salto patrimonial ocurrió principalmente entre 2017 y 2023, periodo en el que Peña no se desempeñaba como funcionario público. “Claro que se puede acrecentar el patrimonio en el sector privado”, expresó.
El abogado señaló además que todos los ingresos obtenidos por Peña fuera de la función pública cuentan con respaldo documental y declaraciones impositivas. “El acrecentamiento patrimonial en el sector privado no puede ser nunca objeto de una investigación penal”, sostuvo.
Incluso advirtió sobre el riesgo de instalar una práctica donde cualquier persona pueda ser investigada únicamente por haber aumentado sus ingresos o bienes fuera del Estado.
Preda también cuestionó el criterio con el que se impulsaron las denuncias presentadas por legisladores de la oposición y otros sectores. “El Ministerio Público no investiga porque alguien quiera que se investigue”, afirmó. Según explicó, para abrir una causa penal deben existir “indicios fácticos suficientes” sobre la comisión de un hecho punible, situación que, a su criterio, no se da en este caso.
Finalmente, el representante legal insistió en que la causa debería ser desestimada una vez que el Ministerio Público contraste la denuncia con el informe de la Contraloría.
“No porque alguien tenga dinero o bienes se puede presumir automáticamente una conducta irregular”, concluyó Preda, quien además calificó como “peligroso” que se pretenda investigar cómo una persona ganó dinero mientras trabajaba en el sector privado.
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