La marcha partió desde la Plaza de la Democracia y avanzó por importantes arterias de la capital bajo custodia policial. La manifestación provocó importantes congestiones vehiculares debido al cierre temporal de carriles en la avenida Mariscal López, obligando a numerosos conductores a buscar rutas alternativas para desplazarse hacia el centro de la ciudad.
Los manifestantes reclamaron una solución a las demoras administrativas que, según denunciaron, impiden que la mayoría de los beneficiarios acceda al cobro de la compensación prevista por ley.
La normativa, promulgada en 2023, contempla una indemnización equivalente a 750 jornales mínimos para los excombatientes reconocidos.
De acuerdo con los voceros del sector, solo una parte de los expedientes logró avanzar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que una gran cantidad de solicitudes continúa pendiente de tramitación en el Ministerio de Defensa Nacional.
Los exsoldados solicitan al presidente Santiago Peña la emisión de un decreto que amplíe el plazo de recepción de documentos, de manera a evitar que los retrasos administrativos afecten el acceso al beneficio.
Durante la movilización, los excombatientes advirtieron que no descartan instalar un campamento permanente en las cercanías de la residencia presidencial hasta obtener una respuesta oficial.
Además, anunciaron que buscarán entregar una nota al mandatario o a representantes de su gabinete para reiterar el pedido de cumplimiento de la legislación vigente.
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