La convocatoria para la “contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos a demanda de ascensores del Hospital Central del IPS”, por G. 3.500 millones, quedó cancelado y se inició una auditoría interna a fin de que los resultados sean remitidos al Ministerio Público. En este caso se insistió con favorecer a la empresa Renfe S.A., pese a las observaciones y cuestionamientos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Sobre este caso, el Dr. Isaías Ricardo Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), fue bastante claro y señaló lo siguiente: “No puede ocurrirnos esto y que no tenga consecuencias legales, yo creo que eso va hacer que se le tome con mayor seriedad a esta institución. Es de vital importancia que dictamine nuestra asesoría legal y ahí nosotros determinamos si esto debe ir a la Fiscalía”.
En otro momento de la sesión, el titular del IPS insistió con el daño que se le hace al asegurado atendiendo que en estos momentos el servicio de ascensores funciona a medias en el Hospital Central y los que funcionan se encuentran en muy mal estado, lo que también representa un peligro para las personas que utilizan el servicio.
“Este es el ejemplo del daño que se le hace al asegurado y que esta administración carga sobre una situación que no debería pasar nunca más”, remarcó.
Lo que dice el dictamen
En los últimos días se conoció un dictamen que remitió la Dirección Jurídica del IPS, a cargo de Pablo José Morínigo, donde señala que “se registraron entregas realizadas por parte de la firma Renfe S.A. en el marco del Contrato N° 135/25 que ascienden a G. 380.792.729, cuando este último ya fue anulado como consecuencia de la anulación de la adjudicación, es decir, las entregas fueron realizadas fuera del vínculo contractual».
En el portal de la DNCP el llamado a licitación con ID 454.806 para el mantenimiento y provisión de repuestos a demanda de ascensores para el Hospital Central es por G. 3.500 millones.
La firma Renfe S.A. arrastra antecedentes incluso de suspensión. Figura en los papeles a nombre de la exmodelo Andrea Carolina Aranda Duarte, conocida como Andy Duarte. Sin embargo, el verdadero dueño de la empresa sería su expareja el ciudadano peruano Rafael González Thorne, quien arrastra malos antecedentes.
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