En el marco del Día de los Abuelos, el Ministerio Público dio a conocer un informe que revela un aumento del 25 % en las causas ingresadas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados. Según los datos, los expedientes pasaron de 620 en 2023 a 775 en 2025.
El análisis elaborado por la Dirección de Planificación señala que el 82 % de las víctimas corresponde a personas adultas mayores, mientras que un 9 % son adultos mayores con discapacidad y otro 9 % personas con discapacidad. Además, el grupo de entre 80 y 89 años registró el mayor incremento proporcional, al pasar de representar el 9 % de las víctimas en 2023 al 33 % en 2025.
El informe también indica que el 96 % de los hechos analizados ocurrió dentro de la vivienda, lo que evidencia que este tipo de violencia permanece mayoritariamente en el ámbito familiar. En el 83 % de los casos, los presuntos responsables fueron hijos de la persona afectada, una proporción similar a la registrada el año anterior.
Otro dato relevante es que en el 94 % de las causas se identificaron situaciones de abandono asociadas al incumplimiento de necesidades básicas, como alimentación, atención médica, higiene o protección.
Asimismo, la consecuencia más frecuente fue la privación de recursos económicos destinados a cubrir gastos esenciales o acceder a servicios de salud, presente en el 65 % de los casos, seguida por el deterioro físico, con el 32 %.
En cuanto a la distribución territorial, el departamento Central concentró el 50 % de las causas registradas durante 2025, seguido de Asunción y Alto Paraná. Además, el 85 % de las denuncias fue presentado por familiares cercanos, lo que, según el Ministerio Público, refleja la importancia del entorno familiar para detectar y denunciar este tipo de hechos.
La institución recordó que la violación del deber de cuidado de ancianos o personas con discapacidad está prevista en el artículo 227 del Código Penal y constituye un hecho punible cuando existe un incumplimiento grave del deber legal de asistencia hacia personas en situación de especial vulnerabilidad.
En ese sentido, instó a fortalecer las redes de apoyo y denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo los derechos de las personas mayores.
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