Durante una entrevista en Ñanduti, la fiscal explicó que un primer grupo está integrado por personas que compraron títulos y certificados de estudios falsificados.
En tanto, un segundo grupo corresponde a estudiantes que se matricularon en institutos superiores, pagaron sus cuotas durante cuatro años, presentaron sus tesis y abonaron el trámite de registro, convencidos de que obtendrían un título válido.
Según Sosa, estos últimos recibieron documentos con el membrete de la Universidad Autónoma de Asunción, ya que los responsables de los institutos les aseguraban que existía un convenio con esa casa de estudios.
«Estas personas actuaron en la creencia de que habían hecho efectivamente la carrera en un instituto habilitado por el MEC y que su título era auténtico», señaló.
La fiscal indicó que esos títulos fueron registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias, por lo que los afectados incluso obtuvieron matrícula docente. En ese sentido, sostuvo que el propio MEC también habría sido engañado durante el proceso de inscripción y registro de los documentos.
No obstante, Sosa afirmó que la investigación también apunta a determinar si existió participación de funcionarios de la cartera educativa. Explicó que el MEC cuenta con procedimientos y resoluciones específicas para el registro de títulos y certificados de estudios, por lo que existe la sospecha de que algunos funcionarios con atribuciones para esos trámites habrían actuado en contravención de la ley y de los protocolos establecidos.
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